La Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, destacó la alta participación de los servidores públicos, especialmente de aquellos de nuevo ingreso, quienes han respondido positivamente a las capacitaciones y al cumplimiento de esta obligación legal.
La titular de la Secretaría informó que, previo al cierre del plazo, ya se había registrado una notable afluencia de funcionarios realizando su declaración, lo cual refleja un compromiso creciente con la transparencia y la rendición de cuentas.
“Desde antes del plazo oficial, tuvimos una muy buena respuesta, especialmente los de nuevo ingreso han recibido entrenamiento para saber cómo hacer su primera declaración. Esperamos que, como el año pasado, no tengamos muchos casos de renuencia”.
Esta obligación se encuentra establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y aplica para todas las personas servidoras públicas que perciban ingresos con recursos del erario estatal.
La funcionaria subrayó que el cumplimiento de esta norma no solo es legalmente exigible, sino que contribuye a evitar sospechas sobre el enriquecimiento ilícito en el ejercicio del servicio público.
“No hemos detectado casos de funcionarios que, de un momento a otro, presenten un aumento injustificado en su patrimonio, hacemos revisiones aleatorias y no ha habido ningún ‘triple salto mortal’, como decimos de manera coloquial, que indique un crecimiento inexplicable”.
Además, la Secretaría señaló que las principales dificultades detectadas durante las primeras revisiones provienen de personal que labora en zonas alejadas o con poco acceso a la tecnología, lo cual ha dificultado su proceso de declaración.
Sin embargo, se han implementado mecanismos de apoyo para que todos puedan cumplir con la normativa. Finalmente, la secretaria recalcó que, aunque se otorgan plazos y margen para modificaciones antes de hacer definitiva la declaración, la mayoría del personal ha cumplido en tiempo y forma, lo que refuerza la confianza en la función pública y en el compromiso institucional con la legalidad.
