Desde COPARMEX Sinaloa se observa con preocupación el reciente proceso de elección para jueces, ministros y magistrados, el cual estuvo marcado por opacidad, baja participación e irregularidades, compartió Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta del organismo empresarial.
Esta jornada, comentó, se desarrolló en un contexto local complejo, marcado por crisis económica e hídrica.
«En lo electoral, lo advertimos con claridad: desde el inicio, una reforma judicial sin consenso, sin diagnóstico técnico y sin evaluación de perfiles solo genera desconfianza, debilidad en el Estado de derecho. A lo largo de la jornada electoral documentamos más de 1 mil reportes de irregularidades, desde la baja instalación de casillas hasta la compra de votos y el uso de mecanismos para inducir al sufragio. Esto no debe volver a repetirse. Tanto que lo criticaban, y ahora ellos son los que fomentan eso, ¿no? Pero mientras esto ocurre en el plano institucional, en las calles de Sinaloa se vive una crisis silenciosa pero devastadora, con consecuencias reales para las familias y empresas«, expresó.
Reyes Zazueta advirtió que la violencia no contenida ha generado un ambiente de incertidumbre y parálisis económica, señalando que la economía se enfría y el empleo se estanca.
Con base en datos recientes del INEGI, señaló que durante los primeros cinco meses de 2025 Sinaloa ha registrado una pérdida de más de 14 mil empleos formales, y que por cada empleo formal existen dos informales.
«Una cifra que debería encender las alarmas de todas las autoridades y de la sociedad. Las empresas están haciendo un esfuerzo extraordinario para no cerrar sus puertas y seguir generando empleo, pero muchas ya no pueden más. En COPARMEX lo hemos dicho con firmeza y claridad: necesitamos apoyo real, urgente, como en cualquier crisis seria y como en cualquier contexto de violencia extrema como el que estamos viviendo en Sinaloa», afirmó.
La presidenta de COPARMEX señaló que el organismo siempre se ha distinguido por hablar con franqueza sobre la situación y propuso medidas concretas para mitigar la crisis. Entre ellas, destacó la necesidad de una condonación de cuotas obrero-patronales del IMSS al menos por los meses en que la operación económica se ha visto afectada por los hechos violentos. También propuso la condonación o prórroga de impuestos federales, especialmente para las MiPyMES, así como incentivos fiscales temporales que permitan sostener a las empresas.
«Estas medidas no buscan privilegios, sino equilibrar las condiciones en las que hoy estamos operando. No es aceptable que se siga tratando con normalidad la situación que hasta ahora ha paralizado sectores enteros como el comercio, el restaurantero, la construcción, el turismo, el transporte y la agricultura. Recordemos que el Estado tiene una obligación constitucional: garantizar la seguridad de los ciudadanos y las condiciones mínimas para el desarrollo económico. Si no pueden cumplir esta función, entonces debemos al menos resarcir parte del daño que las empresas y los trabajadores están enfrentando», subrayó.
Finalmente, advirtió que la falta de certeza jurídica solo agravará la pérdida de confianza en el país, afectando tanto la inversión nacional como la extranjera. Desde COPARMEX, concluyó, se hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que escuchen a la iniciativa privada y actúen con responsabilidad y visión de futuro.