Ángeles Moreno
Culaicán, Sinaloa.- Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción, investigaron el desempeño de 50 servidores y ex servidores públicos entre alcaldes, diputados y gobernadores donde ellos y familiares a la vez eran proveedores de Gobierno pero en 16 casos hay conflicto de interés y beneficios por mas de 800 millones de pesos, como son los ex gobernadores, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez, el ahora senador de Morena, Rubén Rocha Moya y el ex diputado federal Antonio Inzunza Montoya quien etiquetó 277 millones para su municipio pero su constructora realizó las obras
El trabajo de investigación ya publicado en la página mexicanoscontralacorrupción.mx trae como tema principal el trabajo denominado “Operación desfalco Sinaloa, la ordeña del erario” donde el presidente de Iniciativa Sinaloa, Silber Meza informó que se buscó a cada uno de los señalados e obtener privilegios y el mismo trabajo a excepción de Aguilar Padilla, trae sus versiones donde ellos no consideran que hubo conflicto de interés por ejemplo en el caso del ex diputado Mario Imaz en campaña trae una factura de mas de cien mil pesos a favor de su empresa que la contrato Movimiento Ciudadano, donde el cliente es el mismo como candidato pero cuando se le entrevistó dijo que le quedaron debiendo del partido.
Indicó que en el caso el hijo del ex gobernador, Francisco Labastida Ochoa, Francisco Labastida Gómez de la Torre trae un conflicto en obras por 14 millones de pesos cuando fue funcionario en Sinaloa, el ex gobernador Jesús Aguilar que pudo incurrir en favorecer a sus hermanos por 5 millones 500 mil pesos, el ex gobernador, Mario López Valdez con sus ferreterías por 38 millones 646 mil pesos aun cuando ahora señale que el les ordenó no comprar ahí pero que lo hicieron de todas maneras.
También explica que el ex diputado Ismael Sánchez Sánchez trae un conflicto fe interés de beneficio por un millón 198 mil pesos por una empresa que tiene de servicios diversos, pero el mas alto caso es del exdiputado federal, Alfredo Inzunza con su empresa familiar de construcción, igual el ex coordinador de asesores del gobierno, Rubén Rocha Moya por la empresa constructora que tiene su hijo y donde se detectó un beneficio por 64 millones 660 mil pesos.
Otros de los casos del diputado panista, Jorge Iván Villalobos con su empresa que le provee servicios a la CFE y que no declaró en su 3de3, el ex diputado, Jesús Alfonso Ibarra Ramos de Nueva Alianza, que su familia tiene empresa de construcción, el ex diputado priista, Oscar Valdez López que tiene una empresa de servicios de protección y siendo diputado era proveedor del mismo Congreso, Aarón Rivas, con sus empresas de pintura que la propia Junta de Agua le compraba servicios, José Menchaca con su empresa de servicios eléctricos y de grúas, Silvino Zavala que siendo dirigente de la sección 53 del SNTE metió facturas no del sindicato sino a su nombre, el ex titular de fiscalización, Antonio Vega Gaxiola que siendo funcionario de administración y finanzas y Francisco Miguel Retamoza, ex funcionario de Guasave que como titular de obras y servicios en el Ayuntamiento, también entró en estas prácticas.
Agregó que ahora se pide a las autoridades de transparencia, al Congreso considerar la investigación que duró mas de un año y medio con cientos de solicitudes de información y se fueron eliminando capas solo se dejó la vinculación directa por lo que cruzaron las empresas con sus funciones como titulares de áreas de gobierno y la criba dio a 30 servidores públicos y luego en base a la ley, se bajó a 16 personajes principales por sus relaciones de poder porque cada uno violaron las normas y reglamentos.