Redacción
Culiacán, Sinaloa.- José Luis López Enríquez, especialista en Derechos Humanos y doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) estableció que el gran problema que se está viviendo hoy en México tiene que ver con un modelo en el cual por un lado la autoridad hace su trabajo entre comillas y por otro parte el ciudadano ve y deja pasar las agresiones.
“La sociedad ha perdido el factor sorpresa, la sociedad perdió ya ese sentido de colaboración, de protección que hace una década todavía teníamos en donde auxiliábamos al vecino o al amigo, pero ahora ya no porque hemos visto que la autoridad, lejos de tomar un testimonio o una confesión por el lado positivo, te termina involucrando”, argumentó.
Reveló que en la actualidad al momento de solicitar una orden de protección a favor de las mujeres que son agredidas por sus parejas, los abogados se encuentran con autoridades insensibles y burocráticas que ponen muchas trabas para poder intervenir.
La autoridad, ejemplificó, es muy burocrática para otorgar una orden de protección ya que prácticamente exigen llevar a la señora maltratada y son precisamente las mujeres agentes del Ministerio Público las que terminan poniendo más trabas.
López Enríquez consideró que hacen falta campañas masivas en medios de comunicación en las cuales se promueve una nueva cultura legal de protección a favor de los niños, las mujeres y el núcleo familiar.
“Vemos muchos cosas en la televisión, pero no vemos campañas de prevención, de difusión de la cultura de legalidad, de respeto a los menores y las mujeres, necesitamos insistir más en eso, trabajar más, hacer campañas, flexibilizar los requisitos y la tramitología ante los juzgados familiares y ministerios públicos para que con una sola llamada, con un elemento de racionalidad sea suficiente y acuden a proteger a una mujer, a un niño o una persona que esté en situación de conflicto”, comentó.
Sobre el hecho que en ocasiones las mujeres presentan las denuncias contra sus agresores y la autoridad exige demasiados requisitos para intervenir, el especialista en derechos humanos consideró que se está desoyendo el clamor de la ofendida a tal grado que si no hay evidencia contundente muchas veces no van.
Puntualizó que en el nuevo sistema penal acusatorio se tiene un criterio que se le llama de la racionalidad, ante lo cual bastaría una sola evidencia para que el Ministerio Público o el juez de control cite a declarar a una persona como presunto responsable, mismo que no se está siguiendo en los casos de agresiones en contra de mujeres.