Mediante un manifiesto los diputados del grupo parlamentario de Morena le solicitan al gobernador Quirino Ordaz Coppel realizar ajustes en el presupuesto estatal autorizado para este año a fin de atacar de mejor manera la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En conferencia de prensa virtual en la que estuvieron presentes la mayoría de los legisladores morenitas, el diputado Horacio Lora Olivas detalló que proponen que los recursos obtenidos de este ajuste se destinen al equipamiento de hospitales y protección integral a los trabajadores de la salud, al diseño e implementación de un programa de solidaridad alimentaria y la definición de un plan para la reactivación de la economía.
Los legisladores de Morena establecen que el titular del Poder Ejecutivo Estatal, cuenta con las facultades para hacer este ajuste al presupuesto estatal ante una situación de emergencia como la que se vive con base en políticas de austeridad hasta por un universo de 20 mil 551 millones de pesos es posible.
Para ello lo avalan la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos en su artículo 67 que establece que el ejecutivo estatal por conducto de las secretarias efectuará los ajustes a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades cuando se presente una disminución de los ingresos o contingencias que obliguen en el mismo a llevar a cabo acciones de emergencia en el mismo sentido.
Lora Olivas afirmó además que Gobierno de Estado ha recibido por parte de la federación en este primer trimestre del año a través de la Secretaría de Hacienda recursos superior a los 5 mil 946 millones 600 mil pesos de participaciones federales, 873 millones 159 mil pesos más de lo programado.
En su intervención la diputada Graciela Domínguez Nava reiteró que para el grupo parlamentario de Morena es importante el dialogo y en ningún momento la intención es mantener una confrontación con el ejecutivo estatal pero tampoco dijo van a callar ante lo que están observando en esta emergencia sanitaria.
Manifestó que la bancada de Morena ha presentado diversas propuestas en términos económicos a través de la presidenta de la comisión de Hacienda, Victoria Sánchez sobre una alternativas para un ajuste presupuestal donde planteaba una reorientación de por lo menos 400 millones y la diputada Francisco Abelló hizo llegar al ejecutivo una solicitud para que se atendiera con emergencia la importancia de llevar alimento a la población sinaloense de ninguna de las dos propuestas se obtuvo un respuesta formal.
“Solo nos enteramos a través de los medios de comunicación de la respuesta a que no es posible hacer ningún ajuste presupuestal. Sin embargo con los números en la mano, con la ley en la mano el grupo parlamentario de Morena le insiste al gobernador del estado, lo invita a que analice que si es posible. Se trata de que en medio de la emergencia se haga un alto, necesitamos entender que estamos viviendo una situación con características nunca imaginadas por lo tanto el presupuesto no puede seguir en la normalidad, se concibió para otras circunstancia, sin embargo estamos en medio de una emergencia y la misma ley le marca la ruta ante eventualidades de esta naturaleza para hacer ajuste presupuestales”.
El Congreso del Estado aprobó la madrugada del pasado 24 de diciembre para Sinaloa un presupuesto de 55 mil 659 millones de pesos para ejercer en esta año, con asignaciones y reasignaciones por mil 300 millones de pesos.
Proponemos que ante la emergencia sanitaria por la pandemia los recursos liberados por ajustes en el presupuesto se orienten en tres líneas:
1. Equipamiento de hospitales y protección integral a los trabajadores de la salud que atienden enfermos de Covid 19. Es urgente que se inviertan más recursos para garantizar el abasto suficiente de los insumos médicos y equipamiento para que se brinde una adecuada atención a todos los pacientes. Es indispensable implementar un programa integral para proteger al personal médico que todos los días arriesga su propia vida atendiendo a quienes se han contagiado con el virus SARS-CoV-2. La protección del personal de salud supone el pago de ingresos dignos, justos y oportunos. Brindar seguridad social a todo el personal precario que trabaja bajo contratos y que no cuenta con prestaciones laborales, así como proveerles del equipo adecuado para la atención a los pacientes; transporte y hospedaje seguro a los involucrados en la atención a personas contagiadas (Hoteles habilitados para el caso, opcional para los trabajadores que así lo definan). Con medidas de este tipo se da seguridad y tranquilidad a médicos, enfermeras y trabajadores de apoyo y a sus familias, y se rompen eventuales cadenas de contagio considerando el elevado número de trabajadores del sector ya contagiados.
2. Diseño e implementación de un programa de solidaridad alimentaria garantizando comida a los hogares que carezcan de esta. Esfuerzo que deberá orientarse a los sectores socialmente marginados, los pobres sin ingresos que no estén incluidos en los Programas Sociales del gobierno federal, desempleados, y todos aquellos que requieren de la solidaridad. Para cubrir con propiedad la solidaridad alimentaria se requiere identificar social y territorialmente donde se ubican estos sectores. Una adecuada coordinación será sugerente para evitar duplicar apoyos y exclusiones involuntarias o por falta de organización. Es necesario esfuerzos de liderazgo y dirección política que incorporen también a fuerzas de la sociedad e instituciones educativas. Por el bien de todos, primero los pobres, primero la vida.
3. Definición de un plan para la reactivación de la economía que amplíe y fortalezca las iniciativas que llegan del gobierno federal. Especialmente definir las acciones de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de Sinaloa. En relación a otro tipo de empresas, bien vale diseñar alguna política –en interacción con las esferas del Poder Ejecutivo Federal, para promover ante la banca privada instrumentos financieros que regulen las actividades y políticas crediticias, al mismo tiempo debe promoverse y acelerarse el plan de inversión pública estatal en obras de infraestructura. Especialmente destrabar los problemas de indemnizaciones de la presa de Santa María en el municipio de El Rosario, construcción del pueblo donde se reubicarán los afectados por esta obra hidráulica, y así liberar el flujo de la inversión pública federal que supera los mil millones de pesos. Acciones de este tipo tendrán impactos en diversas ramas de la estructura productiva y los servicios.