Alexa Figueroa
Culiacán, Sinaloa.- Aunque la desaparición forzada de personas es un tema muy doloroso para Sinaloa que se tiene que atender inmediatamente, a la fecha no se ha visto que las autoridades del Estado reconozcan esta situación y se reúnan en conjunto para establecer un plan de acción, manifestó el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Jenny del Rincón.
Hizo un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que haya también más claridad y transparencia en este delito, porque dijo que con base en artimañas jurídicas se ocultan las estadísticas y los datos duros para que no se haga visible este problema.
“Pero también el llamado es al resto de las autoridades, a la Fiscalía y a Gobierno del Estado para que realmente le entren a este tema, no le están entrando y si le están entrando no se ve. Hoy en día no hemos visto ninguna reunión con las autoridades preventivas, con las autoridades preventivas, con las autoridades de investigación y con el poder judicial pata tratar este tema en específico, no hemos visto que se hagan foros con especialistas, no hemos visto que venga gente de otros países a platicar con las autoridades sobre como se debe tratar este tema”, mencionó.
Manifestó que poco a poco este se ha ido convirtiendo en el tema más importante de inseguridad en Sinaloa, ya que los homicidios dolosos han ido a la baja mientras que la desaparición se ha visto incrementada de manera significativa, y aún las autoridades no están preparadas para atenderlo, en ese sentido, hizo hincapié en que la Comisión de Búsqueda es un área pequeña que va iniciando, que apenas va a presentar sus primeros resultados, sin embargo, debido al poco presupuesto que tiene estos no serán muchos.
Cabe mencionar que, en torno al tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó una recomendación dirigida a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los Gobiernos Municipales y la Fiscalía General del Estado debido a que en el análisis de 338 expedientes de 2008 al 2019 detectaron serias omisiones por parte de las autoridades competentes. En el comunicado mencionan que hay evidencia de la poca intención de investigar a fondo, negando el acceso a la justicia a los familiares.