Redacción
Culiacán, Sinaloa .- Giovanna esperó 10 años para atreverse a interponer una denuncia en contra de la persona que, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad, la convirtió en víctima del delito de violación equiparada, ahora el presunto responsable está en prisión enfrentando las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Durante este tiempo la joven vivió con miedo de que su agresor cumpliera con las amenazas que le hizo y que al paso de los años le provocaron posibles secuelas.
Ahora en su mayoría de edad, el 2 de julio de 2020 la joven acudió ante este organismo constitucional autónomo para pedir justicia, por lo que la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, inició una carpeta de investigación.
Los hechos denunciados se cometieron en mayo de 2010, en el Fraccionamiento Villa Marina, en la ciudad de Mazatlán, y mediante el trabajo realizado por el Ministerio Público, Policías de Investigación y peritos, se logró obtener los datos de prueba suficientes para ejercer acción penal en contra de Enrique “A”, por el delito de violación equiparada.
El trabajo de la Fiscalía de Sinaloa hizo posible que el 10 de julio de 2020, a solo 8 días de recibida la denuncia, se lograra obtener y ejecutar el mismo día una orden de aprehensión, dentro de la causa penal 141/2020.
Tras enfrentar imputaciones en la audiencia inicial, la defensa solicitó duplicar a 144 horas el término para resolver su situación jurídica, y en la continuación de audiencia el acusado fue vinculado a proceso penal, con medida cautelar de prisión preventiva y un periodo de 6 meses para investigación complementaria.
Ante la determinación de vinculación a proceso, la defensa solicitó celebrar un procedimiento abreviado, lo que podría darse una vez analizada la propuesta del defensor e imputado y en estricto respeto a los derechos de la víctima.
Los ministerios públicos, peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa son sensibles y solidarios con las víctimas de delitos, con especial atención a los actos cometidos en contra de menores de edad, mujeres y personas en estado de vulnerabilidad.
Es por ello que este organismo con autonomía constitucional ratifica el compromiso, voluntad e interés de alcanzar mejores indicadores de procuración de justicia en Sinaloa.