Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Con el voto mayoritario de Morena, la Comisión de Fiscalización reprobó la cuenta pública de Gobierno del Estado del 2018, en la cual salieron a relucir la denuncia por presuntos hechos irregulares en la entrega de colchones usados a las familias afectadas por la tormenta tropical 19E mediante un programa emergente al que se destinaron 11 millones de pesos.
En el dictamen que fue votado en contra por el diputado del PAN y con el voto particular de la legisladora del PRI se establece que la Secretaría de Administración y Finanzas acumula la retención de 337 millones de pesos de cuotas a los trabajadores para ser destinadas al IPES, pero no fueron enteradas.
Durante la reunión virtual celebrada el miércoles por la noche, los legisladores de Morena acusaron que el gasto de la administración estatal fue mayor al autorizado por el Congreso del Estado, el cual fue destinado en estadios y en el edificio adquirido de Homex.
En seste sentido el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Iván Villalobos Seáñez afirmó que se trataba de una mentira más de los morenistas ya que el 2018 fue un año de vacas gordas y Sinaloa recibió del gobierno federal recursos extraordinarios por cerca de dos mil millones de pesos tan solo del ramo 23 recibió más de 12 mil millones y la ley vigente en ese año contemplaba que el ejecutivo podía realizar erogaciones superiores a las autorizados por el congreso.
“Sus afirmaciones de que gastaron en exceso es una ilegalidad en la conclusión técnica, es una mentira o un desconocimiento de la ley, esto es lo que se ejerció no es lo que ustedes leen en los periódicos y consignan a lo puro tarugo ahí en el dictamen, no señores y en ese 2018, el estado de Sinaloa tuvo ingresos por libre disposición de alrededor de casi dos mil millones de pesos, fue el año de mayor bonanzas para Sinaloa”, argumentó.
Por su parte la diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno Romero anticipaba que emitiría un voto particular toda vez que la comisión de Fiscalización se excedía en sus funciones y desacreditaba el trabajo de la ASE al reprobar una cuenta pública contraria a la determinación emitida en su informe por la Auditoría Superior del Estado en sentido de aprobación.
En el tema de los colchones usados, la responsable el área jurídica, Aida Inzunza, dio lectura al documento en donde la Comisión de Fiscalización cuestionó la actuación de este órgano fiscalizados al no determinar responsabilidad específica alguna de ningún funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de la administración estatal.
“Para esta Comisión resulta inconsistente dicha actuación al acompañarse del pliego de observaciones por los 11 millones 568 mil 649 pesos con 60 centavos generados por el total de colchones adquiridos, parte de los cuales, de manera reconocida a una empresa agrícola y al mismo tiempo emitir una acción de Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la Secretaría de Transparencia inicie una investigación interna, en un contexto en que muestra incapacidad parta detectar a los responsables formales en la compra y distribución de los artículos en mal estado y que produjo la detención de un servidor público y la destitución de otro, cuyos hechos son ignorados en el informe correspondiente”.
Lo Comisión de Fiscalización también rechazó el informe de la cuenta pública del Poder Ejecutivo y Judicial, en este último caso ya que de la Auditoría Superior del Estado estimó daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal por 830 mil pesos en pagos realizados a 4 trabajadores de base, los cuales se encuentran comisionados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.