Irene González
Culiacán, Sinaloa.-El incremento en las sanciones de los delitos ambientales debe de ir acompañado de la implementación de una serie de medidas como un programa de educación ambiental a nivel estatal, caso contrario lo que se observa es que únicamente es una cuestión recaudatoria, opinó el presidente de la Alianza Ambientalista de Sinaloa, Joel Retamoza López.
Lo anterior en relación a la aprobación recientemente en el Congreso del Estado de las iniciativas para penalizar la quema de soca y esquilmos agrícolas, así como el incremento de las sanciones a otros delitos ambientales, los cuales además deberán perseguirse de oficio.
En este sentido el presidente de la Alianza Ambientalista de Sinaloa explicó que el apartado de los delitos ambientales ya se encontraba establecido en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado y lo que hicieron fue pasarlo al Código Penal, se subieron las penalidades y duplicaron las multas que van de los 90 mil hasta los 900 mil pesos.
“Esta situación también viene a ser un problema porque volvemos al punto, quienes son los que van a ir a supervisar a las empresas o a los agricultores que están quemando las socas, hay todo un procedimiento de verificación que tiene que hacerse y que debe de ser la una institución adecuada para hacer esa actividad y es la procuraduría ambiental, la cual aún no se ha creado”.
Retamoza López afirmó que si primero va por delante la aplicación del “garrote” antes que la implementación de un programa de educación ambiental a nivel estatal y de pláticas con los agricultores va a provocar que las personas promuevan amparo ante estas nuevas disposiciones.