Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Mientras que el grupo parlamentario del PRI acusa de que es muy baja la productividad en la actual legislatura, el Ejecutivo estatal ha aplicado el veto de bolsillo en ocho decretos de leyes y reformas que el Congreso del Estado aprobó en el pasado periodo ordinario de sesiones y que no han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado, obstruyendo el trabajo del Poder Legislativo acusó la diputada Graciela Domínguez Nava.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política manifestó que no solo en materia de cuenta pública y fiscalización, Gobierno del Estado se resiste a cumplir con su obligación de publicar los acuerdos de los informes financieros y pretende vetarlos como lo hizo el año pasado.
Indicó que el Poder Legislativo está generando nuevas leyes y reformas a partir de un análisis integral que se ha hecho de la importancia de avanzar en temas de beneficio para los ciudadanos pero al no publicarlas el gobernador evita que entren en vigencia, obstruyendo el trabajo de los legisladores y afectado a la población de contar con estos derechos.
Domínguez Nava señaló que los decretos que no han sido publicados por el Ejecutivo estatal son las reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la nueva Ley de Obra Pública, las reformas para la autonomía presupuestal, las reformas realizadas al Código Penal sobre los delitos ambientales y la Ley sobre el Desplazamiento Forzado.
También se ha aplicado el veto de bolsillo a las reformas realizadas al Código Penal del Estado en materia de desaparición forzada interna, las reformas a la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares para la eliminación del uso de logotipos y las reformas a la Auditoría Superior del Estado sobre la determinación técnica, esta última aprobadas el pasado 30 de julio.
Domínguez Nava acusó que también en el tema del presupuesto aprobado por la 63 Legislatura, el Ejecutivo estatal ha incumplido con la entrega de los recursos y lo más lamentable es que lo haga en rubros de carácter social que vienen a beneficiar a los grupos vulnerables como es el caso de los trabajadores del Hospital Pediátrico y el Fondo para la atención a Víctimas de la Violencia, donde tampoco ha fluido el recurso público.
La presidenta de la Jucopo afirmó que el Congreso del Estado no está en un conflicto con el gobernador si no lo que están buscando es que se respeten el trabajo y las facultades del Poder Legislativo, donde incluso la mayoría de los decretos vetados por el mandatario estatal fueron avalados por la mayoría de las fuerzas políticas ante la necesidad de incorporarlos a las normas jurídicas para la protección de los derechos de los sinaloenses.