Irene González

Culiacán, Sinaloa.- El secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, afirmó que están cumpliendo con el proceso de publicación de los decretos de las iniciativas aprobadas en el Congreso del Estado, luego de que estos son revisados.

Lo anterior ante el señalamiento de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, en el sentido de que el Ejecutivo estatal obstruye el trabajo del Legislativo al aplicar el llamado veto de bolsillo en ocho decretos de reformas y leyes aprobadas por los legisladores.

El funcionario estatal explicó que los secretarios involucrados tienen que revisar que haya todas las previsiones de tipo presupuestal y funcional en las reformas que se aprueban, que firmen el documento y lo regresen a la secretaria general a fin de proceder a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

“Estamos nosotros haciendo el proceso. Desde luego, el Legislativo hace su trabajo ya nos aprobó y nosotros como Ejecutivo tenemos el proceso que es el refrendo, promulgación y luego publicación. Nos señalaron que tenemos ahí pendientes algunas iniciativas que no se han publicado. El día 14 se publicaron dos; el día 17, ayer, se publicó otra y están en su proceso”.

El pasado lunes se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el decretó número 433 que reforma la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa relacionado con el certificado de libertad de gravamen.

El viernes de la semana pasada el Ejecutivo estatal hizo lo propio con los decretos que reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal de Sinaloa y de la Ley Ambiental para penalizar la quema de soca y esquilmos agrícolas, así como las reformas que prohíben el uso de logotipo o slogan en uniformes, calzado deportivo y útiles escolares.

Todavía quedan por publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa a fin de que entren en vigor los decretos de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Así como las Reformas al Código Penal en este mismo tema aprobadas también el 9 de julio, y las reformas a la Ley de la Auditoria Superior del Estado para quitar la determinación técnica en sus informes sobre cuentas públicas, aprobadas el pasado 30 de julio de 2020.

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