Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Las iniciativas para crear en Sinaloa la Procuraduría de Protección al Ambiente continúan entrampadas, reveló la presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable en el Congreso del Estado Roxana Rubio Valdez.
La legisladora local precisó que mientras en una de las propuestas se establece que sea un organismo desconcentrado, en la otra se pide que sea descentralizado y hay discrepancias en el tema de quien estaría nombrando al titular de la dependencia.
Rubio Valdez dijo que se ha buscado el consenso con el resto de los grupos parlamentarios a fin de sacar adelante esta propuesta y contar con una Procuraduría Ambiental, tan necesaria para atender el tema de los delitos ambientales.
“Al final por lo que dice la ley, el Ejecutivo es el que va a designar al procurador, si tiene que ver mucho el congreso pero no como lo está presentado el grupo parlamentario de Morena, esta atorado es la realidad, entonces si se tiene que llegar a un consenso”, detalló.
Por su parte el diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán consideró que la figura correcta es la de organismo desconcentrado porque representaría una carga presupuestal mucho menor para el estado todo ante los problemas financieros que se enfrentan actualmente.
“Realmente tendríamos una institución funcional que vigilaría y sancionaría sobre todo la procuración de delitos ambientales, realmente estamos buscando los últimos consensos para contar con un dictamen”, señaló el legislador del PRI.
El promotor de una de las iniciativas añadió que por parte del Ejecutivo estatal existe voluntad para la creación de la Procuraduría Ambiental, la cual además de atender los delitos ambientales también se haría cargo de la aplicación de la Ley Anti plástico en Sinaloa.
El Congreso de Sinaloa llevó a cabo en junio pasado un foro en línea sobre este tema donde académicos, ambientalistas y ciudadanos por la protección y preservación del medio ambiente se pronunciaron por la creación de una Procuraduría estatal de Protección al Ambiente, con capacidad para investigar y sancionar delitos.