Irene González

Culiacán, Sinaloa.- A fin de que la nueva Ley de Archivos que se pretende aprobar en Sinaloa no quede en letra muerta es necesario que se cuente con una infraestructura adecuada para el resguardo de los documentos, tener profesionales de los archivos y contar con un presupuesto, afirmó el director de la Escuela Mexicana de Archivos, Ramón Aguilera Murguía.

De visita Sinaloa en el marco de la inminente aprobación de la Ley local en la materia por parte de la 63 Legislatura, Aguilera Murguía señaló que una de las preocupaciones de muchos de los líderes en la comunidad era la de impulsar una Ley de Archivos ya que Sinaloa es de las pocas entidades en el país que carece de esta normatividad.

Invitado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública para hablar sobre el tema, el impulsor de diversas legislaciones en la materia en México detalló que básicamente que con la armonización de la Ley General lo que se pretende es “tropicalizarla” a la realidad de Sinaloa con su forma particular de ser y que se pueda implementar.

Por un lado dijo es tener una ley marco de referencia y por otro lado es poder implementarla la ley para que no sea letra muerta y eso implica una serie de esfuerzos como es la capacitación y contar con profesionales de los archivos.

“Junto con esto necesitamos el apoyo en cuanto a infraestructuras, tener infraestructura apropiada, lugares físicos que cumplan con ciertos requerimientos para poder conservar el patrimonio del estado tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista administrativo”, precisó.

Otra de la sugerencia que plantea el especialista es que el estado a la hora de promulgar la ley destine un presupuesto para la implementación de esta nueva normatividad sobre todo para apoyar a los municipios.

“Sobre todo hay ciertas áreas que son muy débiles en este tema por razones a la mejor son naturales podríamos decir como son los municipios, hay municipios muy pobres, municipios que tiene lo mínimo hay que poder darles un apoyo económico para que puedan echar a andar el andamio de las leyes porque si no van a quedar en letra muerta”.

En este sentido puso como ejemplo el Congreso del Estado de Jalisco, el cual etiqueto en su presupuesto 10 millones de pesos para arrancar con la Ley de Archivo luego de su aprobación.

Por su parte José Alfredo Beltrán presidente de la Ceaip señaló que se tiene conocimiento que en la propuesta que impulsa el Congreso de Sinaloa si se prevén recursos para que los sujetos obligados tengan capacidades para la implementación de los archivos.

Aguilera Murguía explicó que la Ley General de Archivo publicada el 15 de junio de 2018 es una ley moderna que tiene un enfoque abierto hacia los temas de transparencia, acceso a la información como apoyo pero sin perder para la función fundamental que es impulsar la gestión gubernamental para la eficiencia, eficacia y la buena toma de decisiones. 

“Esta ley general lo que trata es de aterrizar la gestión documental en cada una de las realidades del país, en las entidades federativas y en los municipios por esta razón la ley establece la armonización de las leyes por nuestra constitución como república federal, se respeta la soberanía de los estados”.

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