Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales aprobado recientemente, obliga a revisar toda apropiación indebida de terrenos contiguos al mar en el país y con mayor razón investigar sus operaciones millonarias como es el caso del llamado centro integralmente planeado en Teacapán, manifestó la diputada Flor Emilia Guerra Mena.
La legisladora de Morena, recordó que el miércoles pasado fueron publicadas en el periódico oficial de la federación reformas a diversas disposiciones a esta ley para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, lo que es de suma importancia para Sinaloa a fin de evitar las tentaciones privatizadoras de sus 656 kilómetros de litoral.
En tribuna, Guerra Mena destacó que las reformas aprobadas fueron producto de iniciativas presentadas a fines del 2018 en la Cámara de Diputados en las que se documentaron quejas y denuncias en relación a le tendencia privatizadora que estaban teniendo las playas mexicanas.
Entre estos mencionó las denuncias de agresiones en Akumal, Quintana Roo que presentaron sus pobladores por impedirles el acceso a las playas, en Jalisco organizaciones civiles presentaron los casos de 33 de las 36 playas del estado, cerradas al público y se denunció el cobro de 30 a cien pesos por persona en Ensenada por permitir el acceso a las playas.
“El proceso de privatización de las playas mexicanas se profundizó en los últimos 20 años poniendo en riesgo más de once mil kilómetros de litoral, en un importante número de casos, con extensas zonas en manos de desarrolladores inmobiliarios, prestadores de servicios turísticos y hasta de políticos como los Toledo Corro en Escuinapa, con marismas, manglares y humedales en terrenos junto al mar con 12 kilómetros de playas, vendidos al Fonatur en 120 millones de dólares, en el sexenio de Calderón”.
La legisladora del grupo parlamentario de Morena, precisó que las reformas a diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, prohíbe que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a las mismas sea inhibido, restringido, obstaculizado o condicionado.
Asimismo se establecen sanciones con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones que por cualquier medio o acto impidan, restrinjan o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas.