El tema de la legalización del matrimonio igualitario en Sinaloa resurge con más fuerza en el Congreso del Estado, ya que recientemente organizaciones como Sinaloa Incluyente A.C. y la diputada sin partido Karla Montero presentaron una iniciativa para modificar el Código Civil del Estado.
Así también el pasado 5 de noviembre los diputados y diputadas dieron lectura a una iniciativa que propone reformar los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado en la que se propone suprimir las palabras de “un hombre y mujer” en el matrimonio para que quede “dos personas”.
En este sentido el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, promotor de esta última propuesta dijo que el Congreso del Estado tendrá nuevamente la oportunidad de hacer historia por los derechos de la comunidad LGTB.
Sin embargo, ante el proceso electoral local que está por iniciar manifestó que no se vale que se utilice la lucha a conveniencia y como un capital político, por lo que espera que realmente haya un compromiso de apoyar esta demanda legitima.
Villegas Lobo afirmó que muchos estarán como carroñeros arropando esta lucha pero no se debe olvidar que la vez pasada el PRI, PAS, PAN, PT y otros diputados votaron en contra del matrimonio igualitario.
“Es de sabios cambiar de opinión y es muy justo buscar luchar por los derechos de esta comunidad que lleva años pidiendo justicia, la 63 legislatura no se puede ir sin aprobar el matrimonio igualitario”, expresó.
Por su parte el Comité de la Diversidad Sinaloa, Sinaloa Incluyente A. C. a través de un escrito manifestó que el Congreso de Sinaloa durante dos legislaturas se ha negado a aprobar el matrimonio igualitario, a pesar de tener desde el 2015 ya sumadas 5 jurisprudencias por reiteración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así como atender los 2 llamados hecho a este Congreso del Estado a Legislar en este tema, uno general y uno enviado directamente a la anterior Mesa Directiva, además se emitieron 2 recomendaciones a las autoridades más representativas de la defensa de los derechos humanos en el país, una a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otra, a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación.