Por: Juan B. Ordorica (@juanordorica)
“Al diablo con sus Instituciones”. López Obrador lanzó esta consigna en 2006 cuando acusó de fraude al perder la presidencia. En aquellas arengas hablaba de corrido y sin balbuceos. Con la mirada ardiendo y dedos flamígeros desconocía las instituciones del país. 15 años después, aquellas amenazas de mandar al averno todo aquello que consideraban una afrenta personal a su carrera política están siendo cumplidas.
El plan de desmantelamiento del Estado Mexicano sigue en curso. Los primeros dos años de gobierno la 4t arremetió contra fideicomisos, ahorros de gobiernos anteriores, seguro popular, instancias infantiles y todo aquello que no corresponda a su maquinaria de propaganda. Hoy le llegó el turno a los Organismos Autónomos, Órganos descentralizados, desconcentrados o independientes. El pretexto, el mismo de siempre: austeridad y combate a la corrupción
El presidente asegura que estas Instituciones duplican el trabajo del gobierno, que realizan funciones que pueden ser absorbidas por las diferentes secretarías y dependencias del gobierno; desde luego, como todo en este gobierno, eso es una verdad a medias. Algunos de estos organismos están sectorizados a diferentes dependencias de gobierno, pero muchos otros mantienen su autonomía desde un mandato constitucional. Esto tiene una explicación.
El Estado Mexicano es mucho más grande que el gobierno. El Estado está compuesto por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de un puñado de Instituciones que busca salvaguardar el equilibrio y la comunicación entre los Poderes. Otra función de los Organismos Autónomos consiste en ser un mecanismo vinculante entre sociedad y Poder; por eso, la gran mayoría de esas instituciones tienen como directivos a consejeros ciudadanizados que deben ser ratificados desde el Congreso. El mandato de esos organismos pasa por defender los Derechos Humanos, el Voto, la Transparencia (INE, CNDH, INAI)
Imaginemos una liga de futbol y sus partidos. Los organismos autónomos son el equivalente a la Comisión de Arbitraje, Asociación de Jugadores, etc. En esta liga participan muchos equipos en la competencia (Gobierno Federal, Poderes de la Unión, Sociedad Civil, Gobiernos Locales, Agrupaciones Religiosas, Empresarios, etc). El Gobierno Federal pretende desaparecer a los árbitros, quedarse como el encargado de la administración de la Liga y de los juegos con el pretexto que los árbitros son muy caros. Según la 4t, no son necesarios porque ellos no cometen faltas y respetan el reglamento; por supuesto, si hay un penal en su contra lo reconocerán al equipo contrario.
Desde luego que estos organismos tienen que mejorar. Todavía hay muchas deficiencias e, incluso, corrupción al interior de las mismas; sin embargo, querer que el gobierno realice las funciones de estas Instituciones equivale a desaparecer el arbitraje del futbol y dejar en manos de los equipos la administración del juego, pero sin alguien que sea la autoridad que regule los partidos. Peor aún, el gobierno quiere ser jugador y arbitro al mismo tiempo.
López Obrador no mintió hace 15 años cundo mando al diablo a las Instituciones; aun con el matiz del pronombre posesivo de la tercera persona del plural “Sus”, las Instituciones son de todos los mexicanos. También del presidente. Por más que insista nuestro Rey Sol Tabasqueño…. El Estado no es él-.