Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por lo que propone expedir la Ley de Amnistía del Estado de Sinaloa para la liberación de reos que hayan cometidos ciertos delitos del orden común.
Recientemente las y los legisladores aprobaron reformas a la Constitución Política local para homologarla con la federal en materia de amnistía y actualmente se está en espera del cómputo de votos de los ayuntamientos para su validación.
Eduardo Ramírez Patiño titular del área de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado dio lectura a la ley que consta de 12 artículos y por la cual se busca atender los casos de delitos del fuero común cometidos hasta la fecha en que entra en vigor la misma.
En el artículo primero se establece que se decreta la amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales que no sean reincidentes respecto a al delitos por el que están indiciadas o sentenciadas.
“Los delitos por los cuales se concederá amnistía: el delito de aborto, delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, así como descendientes afroamericanas, a quienes hayan cometido el delito de robo simple y sin violencia, a los que hayan cometido delito de sedición o que haya invitado u hostigado a la comisión de otros delitos”.
También se incluyen los delitos contra la salud en el tema de narcomenudeo con algunos requisitos como es la pobreza extrema y la vulnerabilidad, así mismo para que proceda la amnistía se requiere una determinación de la secretaria general de gobierno.
Corresponderá aplicar la presente ley a la Fiscalía General del Estado ya sea porque lo haga a petición del interesado e incluso tendrá que hacerlo de oficio y vigilar la aplicación de la Ley.
El gobernador del Estado tendrá que integrar una comisión que coordine los actos y las actividades de las autoridades en el ámbito de su competencia para la aplicación de esta normatividad.
“La Ley no se aplicara en aquellos casos donde haya habido violencia, haya existido privación de vida, se haya utilizado armas y también algo muy importante es que podrán obtener su libertad las personas pero en lo que se refiere a los daños en la responsabilidad civil quedara vigente para que quienes hayan sufrido un daño como víctima pueda resarcir ese daño”.
El dictamen es producto de tres iniciativas que fueron presentadas por la diputada Angélica Díaz Quiñones y Víctor Antonio Corrales, una segunda por el grupo parlamentario de Morena y una tercera por los ciudadanos David Ernesto Ruíz Álvarez y José Manuel Cañedo.
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