Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), actualmente existen 2 mil 446 municipios, que representan el primer contacto de políticas públicas y administrativas con los ciudadanos, pero en 1990 había 2 mil 368, lo que significa que en tres décadas se han creado 78 nuevas alcaldías, lo que en promedio reporta una tasa de crecimiento de tres nuevas por cada año.
Para Jorge Martínez Ocampo, litigante especializado en delitos de cuello blanco, quién presentó el seminario virtual, “Compliance para gobiernos locales. ABC para nuevas administraciones públicas”, el inicio de nuevas gestiones a partir de las elecciones del 6 de junio, es una oportunidad para implementar un modelo anticorrupción, que genere transparencia, inclusión ciudadana y apego al Estado de Derecho en los municipios.
El Compliance gubernamental (cumplimiento normativo), explicó Martínez Ocampo, va dirigido a identificar las obligaciones de los entes gubernamentales, tanto desde el punto de vista legal, como en materia de procedimientos internos, con el fin de efectuar las medidas y controles que permitan conocer oportunamente los riesgos a que se enfrentan las gestiones municipales.
En este sentido, Martínez Ocampo propuso la creación de la figura del Oficial de cumplimiento normativo, cuya labor al interior de la administración municipal, se debe centrar en el aseguramiento del cumplimiento de la norma en cada área administrativa, con el fin de consolidar una cultura de responsabilidad y buen gobierno entre los funcionarios.
El Oficial de cumplimiento debiera ser un penalista, sin embargo, es algo que apenas se está tratando de implementar, pero debe ser una persona ajena al municipio”, dijo Jorge Martínez.
Durante el desarrollo del seminario virtual, al que asistieron representantes de diversos municipios, algunos de ellos ganadores en las pasadas elecciones del 6 de junio, se explicó que el Compliance gubernamental es un instrumento para garantizar la transparencia, inclusión y participación ciudadana en todos los procesos municipales. Su finalidad es alcanzar finanzas públicas sanas y auto sustentabilidad financiera, con el fin de acabar con la necesidad de depender de recursos federales.
El Compliance gubernamental parte de que los gobiernos deben dar resultados y que los servidores públicos deben tener instrumentos para demostrar el trabajo que realizaron y, si hay errores al hacer entrega de la gestión, detectar con claridad a los responsables.
Sin embargo, expuso Martínez Ocampo, es un programa que debe ser adoptado por los tomadores de decisiones de cada municipio (liderazgo comprometido) para alinear desde lo más alto los procesos necesarios para el cumplimiento de las tareas de gobierno, de forma que los siguientes estratos en la escala de servidores, se vayan alineando a la nueva normatividad.
Finalmente, Jorge Martínez agregó que el Compliance gubernamental crea un mapa de riego para sustentar la operación y analizar todos los factores internos, externos y críticos que pueden poner al municipio en una situación de conflicto.
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