Michell Ramos
Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de dar a conocer el trabajo realizado durante este año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, presentó el informe anual de actividades en las que el Presidente,(CEDH), José Carlos Álvarez Ortega, Explicó que pese a un año altamente difícil derivado del COVID-19 que llevó a la suspensión de actividades no esenciales, encontraron una nueva forma de trabajar para cumplir sus funciones y responsabilidades para seguir ofreciendo sus servicios de atención, orientación e inicio de quejas por presuntos hechos violatorios de los derechos humanos.
Puntualizó que durante el año 2020 recibieron un total de 2 mil 752 quejas, de las cuales, 2 mil 298 asuntos fueron solucionados de manera inmediata a través de gestiones ante la autoridad competente, asesoría jurídica, orientación y acompañamiento de las cuales las inconformidades más frecuentes fueron hacia el sector salud, Seguridad Pública y violencia doméstica.
“En parte de las quejas de las denuncias era que no recibieran la oportuna atención médica, que no existían algunos medicamentos que no se les otorgaban los derechos de la hospitalización en ese tenor fueron las quejas”
Detalló que la gran mayoría fueron llamadas telefónicas y correos en un año inédito ya que nadie estaba preparado, sin embargo sirvió para que el organismo hiciera un llamado a los tres niveles de gobierno y así atender cada una de las denuncias tal es el caso de selector salud que prevalecieron, ya que no solamente eran derecho habientes los que manifestaban quejas si no los mismos trabajadores de sector salud los que pedían la intervención para la mejora de atención.
“Para poder atender de mejor manera a los pacientes no hay que olvidar que estamos viviendo un tanto inédita que el propio sector salud no estaba en esos momentos para preparar esa contingencia, sin embargo a medida que fueron transcurriendo los días se fueron mejorando y atendiendo cada una de las denuncias o de las intervenciones que realizaban”
Finalmente señaló que la Fiscalía general del estado, fue la autoridad más señalada como responsable de violaciones de los derechos humanos, seguida la secretaria de seguridad pública y la secretaria de educación pública y cultura; así como autoridades municipales.
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