Irene González /Juan Almodóvar / Paulina Otáñez/ Cinthia Soto/ Roberto Mendoza
Culiacán, Sinaloa.- Aunque la ley no establece como tal sanción para los padres que permiten o mandan a trabajar a sus hijos a los cruceros o campos agrícolas, si se establece que pueden ser castigados incluso con cárcel cuando envían a los menores de edad a laborar a lugares de vicio como cantinas, tabernas o bares.
La diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social, precisa que tanto el Código Penal Federal como el Código Penal para el Estado de Sinaloa prohíben emplear a menores de 18 años en este tipo de establecimientos y contempla multas, prisión o el cierre definitivo.
En cuanto al trabajo infantil en los campos agrícolas precisó que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 173 establece que el trabajo de los menores de edad queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo tanto federales como locales.
“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas desarrollaran programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil”, detalla la legisladora local.
También la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado precisa que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que los menores se vean afectados.
Menciona que hay diversas propuestas ciudadanas para atender este tema una de ellas que propone cambiar el enfoque prohibicionista del trabajo infantil tal y como está planteado, ya que criminalizar a las familias no garantiza la reparación del daño del niño, niña o adolescente.
“En la mayoría de los casos, es la pobreza de las familias la que hace que inserten a sus hijas e hijos en el ámbito laboral. Mayor protección para las y los adolescentes que trabajan, el empleo en condiciones dignas y asegurar que no deje sus estudios”.
La legisladora señaló que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé sanciones como aranceles o el impedimento para exportar productos en los que en el proceso de producción hayan participado menores de edad.
Sin embargo, se propone que no solo se apliquen sanciones, multas o más impuestos, sino que se garanticen sus derechos y en este caso la STPS puede ayudar fortaleciendo la inspección y coordinándose con las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes.
Niños del Sur del País, siguen trabajando en medio de los surcos
Es entre los meses de septiembre a mayo cuando miles de familias llegan a los campos agrícolas de Sinaloa a trabajar en la recolección de vegetales y hortalizas. Son hombres, mujeres, niños, adolescentes y personas de la tercera edad provenientes del sur de la República; que vienen de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Y aunque ha habido avances en el tema y la prohibición mediante políticas públicas para erradicar el trabajo infantil en los campos, hoy en día, durante la temporada de cosecha, al menos 1 mil niños y adolescentes fungen como jornaleros en el Estado.
Según datos del INEGI, en 2019, 3.3 millones de niños y niñas entre los 5 a 17 años estuvieron realizando una actividad laboral en México. Y las entidades con mayor tasa de ocupación infantil de trabajos no permitidos, fueron Oaxaca con 14.9, Puebla con 12.6, Chiapas con 11.9 y Sinaloa con 9.7 por ciento, lo que representa a 59 mil 870 menores de edad.
En compañía de sus padres, niños y adolescentes llegan a los municipios de Guasave, Angostura, Guamúchil, Culiacán, La Cruz de Elota, Rosario, Escuinapa y Navolato.
Que, de hecho, este último es donde se localiza la sindicatura de Villa Juárez, a 20 kilómetros de la ciudad de Culiacán. Aquí, reside América Camacho, una joven de 21 años que se desempeñó entre el año 2016 al 2020 como maestra de niños, hijos de trabajadores de los campos agrícolas, por parte del Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) en Villa Juárez.
“Nosotros trabajábamos con un programa en el que a los niños se les enseña de todo. Como si estuvieran en una escuela normal, se enseñan todas las materias, todos los temas. Desde enseñarlos a leer, porque son niños que tienen demasiado rezago educativo, algunos nunca han ido a la escuela y nosotros nos encargábamos de ubicarlos” explicó.
Las llamadas “Escuelitas” se desempeñan de la misma forma que otros centros educativos, pues las boletas y calificaciones de estos niños, están certificadas por la SEP. Sin embargo, un factor que obstaculiza su derecho a la educación, es la falta de documentación oficial que tienen todavía algunos de los pequeños.
“Llegaban niños sin papeles, sin actas de nacimiento, sin CURP, sin nada, totalmente nada. Y nosotros nos encargábamos de darles esos papeles, nosotros hacíamos todo el papeleo para poderlos meter a la escuela y que no se quedaran sin estudios” señaló.
El Comisionado de Asuntos Indígenas del Gobierno de Sinaloa, Crescencio Ramírez Sánchez aseguró que estas son prácticas que poco a poco se han ido erradicando, debido a que hay una lucha de años por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Incluso, en casi todos los campamentos de los campos agrícolas, hay escuelas, en algunas con Internet y computadoras para la enseñanza de estos niños y jóvenes.
“Nosotros en los campos agrícolas estamos haciendo, sensibilizando, y aconsejando y comentando a nuestros hermanos que trabajan en los campos agrícolas para que sus hijos los manden a las escuelas, porque son lo mejor de futuro para ellos, al final de cuentas” indicó.
Ramírez Sánchez expresó tener una buena relación con los agricultores, pues siempre ha sido bien recibido y con las puertas abiertas para la inspección en los campos, y la revisión de las necesidades de estos grupos de jornaleros. Sin embargo, advirtió que en aquellos campos, denominados como “Los Rancheros”, los cuales son de pequeños agricultores, que contratan 100, 200, 300 trabajadores, es donde los trabajadores no tienen seguro social y tampoco pueden crear antigüedad, debido a que siempre están migrando de entidad en entidad.
El Comisionado insistió en que los padres de familia, deben sensibilizarse y darse cuenta que la única manera para que sus hijos tengan un mejor futuro es obteniendo educación, y que a su vez, estos niños, niñas y adolescentes tienen derechos legítimos a la salud y a la educación, lo que les permitirá tener mejores oportunidades y así mejorar su calidad de vida.
La necesidad en las familias lleva a niños a trabajar en los campos agrícolas
Por necesidad, siguen trabajando los niños en labores agrícolas, dijo Gilberto Irazoqui Galaviz.
El ex dirigente campesino dijo que si ha disminuido la mano de obra infantil en el campo, pero sigue presente
Aclaró que principalmente son niños que vienen con sus familias del sur del país, donde la situación económica de las familias es más complicada.
Pidió no tratar de tapar el sol con un dedo, ya que este problema sigue vigente en el campo sinaloense.
El trabajo infantil es un problema que afecta a todo el país.
Sin embargo está lejos de acabarse, puesto que algunas veces debido a la necesidad, o en casos más extremos a la explotación.
Sobre esto nos habla una madre de familia que señala que no dejaría que sus hijos menores trabajen en vacaciones puesto que al ganar dinero no quisieran regresar a clases.
En este caso los menores no tienen la necesidad de trabajar, pero hay hogares donde el que uno de los hijos trabaje significaría un gran ingreso para la familia.
Hay otros casos donde el menor tiene que trabajar durante las vacaciones o fines de semana para pagarse los estudios.
Lo que se necesita es un plan bien desarrollado por el gobierno para que ningún menor de edad tenga la necesidad de trabajar, son 3.3 millones de menores de edad que se encuentran trabajando en todo el país.