Irene González

Culiacán, Sinaloa.- El Partido Sinaloense presentó 3 iniciativas ante el Congreso del Estado, una de ellas para incorporar en el Código Penal del Estado de Sinaloa en el artículo 231 el delito de extorsión en la modalidad de montachoques, informó la diputada Alba Virgen Montes Álvarez.

La legisladora explicó que estos grupos delictivos implementan la práctica de provocar una colisión, impacto o cualquier percance vehicular con la finalidad de que, bajo amenazas o agresión física, se convenza a la víctima de ser el responsable del percance y entregue cierta cantidad de dinero para así evitar ser agredidos.

Por otro lado, dijo que plantean expedir la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano, todas del Estado de Sinaloa que asegura la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de las arboledas en el sector urbano.

Por ello, proponer reformas y adiciones a diversos artículos al Código Penal; la expedición de la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado, y la Constitución Política del Estado de Sinaloa, ante los constantes cambios climáticos y que trae como consecuencia que el clima sea más extremo, sequías graves y lluvias torrenciales.

“En el Partido Sinaloense seguimos trabajando en beneficio de las clases más vulnerables de nuestra entidad y como muestra de ello entregamos al Congreso del Estado 3 iniciativas que benefician a la población, las cuales trabajamos en ello los diputados de nuestra bancada y la secretaria general del partido Angélica Díaz Quiñonez”, expuso la coordinadora del grupo parlamentario del PAS.

La tercera iniciativa en mención contempla el decreto por el que se propone reformar el párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y que tiene como objetivo asignar a una persona consejera en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), de ascendencia indígena.

La coordinadora de la bancada pasista en el Poder Legislativo expuso que esta propuesta se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que las comunidades indígenas tienen derecho a que un representante de ellos sea parte de los cabildos donde se ubica la comunidad indígena.

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