Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El Partido Sinaloense presentó ante el Congreso del Estado dos iniciativas la primera para expedir una nueva Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar y una segunda para reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
Acompañada de las diputadas y el diputado de la bancada del PAS, la secretaria general de esta fuerza política Angélica Díaz Quiñónez dijo que ambas propuestas tienen como finalidad la protección de los estudiantes de todos los niveles escolares, frente al acoso y la violencia que sufren muchos de ellos.
En las iniciativas se propone la implementación de talleres para que, tanto a alumnos como alumnas que pudieran ser receptores de acoso o violencia, se les enseñen mecanismos para identificar a los agresores o posibles situaciones de riesgo y sepan cómo reaccionar adecuadamente frente a ello.
Asimismo, se propone actualizar el marco normativo de Sinaloa, incorporando los supuestos de acoso y violencia escolar, para atender y tratar en tiempo y forma, a las personas víctimas y las agresoras de este tipo de conductas.
De igual manera, en la segunda iniciativa, la finalidad es identificar al acoso como una de las formas de agresión para ejercer poder sobre otra persona en perjuicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Agregó además con ello se pondrán las bases y procedimientos para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar, en el Sistema Educativo que se imparta en las instituciones educativas públicas y privadas.
La UNESCO designó el primer jueves de noviembre de cada año como Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, reconociendo de este modo que la violencia en el entorno escolar bajo todas sus formas atenta contra los derechos de los niños y los adolescentes, la salud y el bienestar.
De aprobarse ambas iniciativas, las autoridades competentes para la aplicación de esta nueva Ley serían el titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los Ayuntamientos.