La presidenta de Morena en Sinaloa, Merary Villegas Sánchez, celebró que salgan a flote todos los posibles actos de corrupción que existen al interior de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la entrega de plazas y asignación de horas de manera irregular. 

Villegas Sánchez afirmó que esto significa que hay un trabajo y una investigación por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en el combate a la corrupción y contra los malos manejos porque la Sepyc fue una de las “papas calientes” que recibió este gobierno.

La dirigente partidista acusó que los anteriores secretarios de educación pública en el estado eran subordinados de los lideres sindicales del grupo político encabezado por Daniel Amador del SNTE 53 y que en su momento Morena exhibió los abusos que cometieron contra los trabajadores de la educación.

“Hoy se inicia esta transformación en la propia secretaría de educación porque esa secretaría siempre había sido subordinada ante los intereses políticos de un cacique, manejo de plazas, de horas, favoritismo hacia su propia gente y hoy existe esta lucha que está dando nuestra secretaria quien tiene todo nuestro respaldo para que verdaderamente se aplique la ley y de esa manera garantizar los derechos labores de los trabajadores”. 

Villegas Sánchez hizo un reconocimiento al gobernador Rubén Rocha Moya quién ha exhibido aquellos actos de corrupción y le ha pedido a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas actuar en consecuencia, así como a la titular de educación quitar aquella gente que no está respetando la normatividad. 

Manifestó que antes los lideres sindicales se brincaban al secretario de educación se iban directamente al tercer piso y hoy la situación ha cambiado con Graciela Domínguez Nava, quien le ha regresado la institucionalidad y reconocimiento a la dependencia. 

La secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, denunció que han encontrado trabajadores con doble plaza y la asignación de horas de manera irregular que han generado un daño al patrimonio por alrededor de 20 millones de pesos.

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