Tras una intensa discusión que se prolongó por más de una hora, el Congreso del Estado aprobó este viernes en sesión extraordinaria una reforma a la constitucional para que en los ayuntamientos de Sinaloa existan representantes indígenas, respetando la paridad de género.
Con el voto en contra de los cinco diputados del Partido Sinaloense, dos de Morena y una diputada sin partido se aprobó adicionar la fracción VIII a la Base A del Quinto Párrafo del Artículo 13 Bis, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Votaron en contra del dictamen Viridiana Camacho Millán, Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruiz, Elizabeth Chía Galaviz y María Osuna Gutiérrez del PAS; en tanto que por Morena Aurelia Leal López y María Victoria Sánchez Peña, así como la diputada sin partido Deysi Ayala.
El diputado de origen indígena e integrante de Morena, Martin Vega Álvarez, quien en comisiones voto en contra de la reforma constitucional no acudió a la sesión extraordinaria convocada para este viernes.
El pleno consideró viable reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa para que se reconozca y garantice el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de contar con representantes ante los Ayuntamientos.
Y de esa forma cuenten con un poder efectivo para participar en las sesiones de Cabildo en los temas susceptibles de afectarles, maximizándose su derecho a la autonomía, al garantizarse que serán consideradas sus opiniones al momento de la toma de decisiones del Poder Público Municipal y con ello se fortalezca su participación y representación en la vida pública del municipio del que son parte.
Con estas reformas se da cumplimiento a la sentencia apelativa con mandato a las y los legisladores del Congreso del Estado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, cumpla con la obligación establecida en el artículo 2o., apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitiendo las disposiciones que considere pertinentes para que, previa consulta informada, de buena fe y culturalmente adecuada, complemente el marco normativo local que permitan el correcto ejercicio del derecho de representación de los pueblos y comunidades indígenas ante los Ayuntamientos del Estado y no solamente su reconocimiento.
En un plazo de 80 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, este H. Congreso deberá llevar a cabo las reformas que se deriven del mismo.
Luego de la aprobación de la reforma, el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, instruyó remitir expediente a los 18 Ayuntamientos de Sinaloa para su votación dentro de los próximos 15 días.