Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Diputados federales y senadores están aprobando reformas laborales que lejos de ayudar a elevar la productividad y la competitividad de las empresas, las orillarán a irse a la informalidad, en el mejor de los casos, o a desaparecer, afirmó Julio César Silvas Inzunza.
El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) se refirió a la reducción de la jornada laboral de 6 a 5 días, al aumento de días de aguinaldo, incremento de día de vacaciones, entre otras que los legisladores federales han aprobado o pretender aprobar.
Tal parece, dijo, que entre las personas que ocupan las diputaciones federales y senadurías no hay empresarios, porque se ve que desconocen las dificultades de las empresas para mantenerse en operación.
Entre los argumentos que expresó para sostener sus señalamientos, citó que en México son más las empresas que se mueven en la informalidad, es decir, que no tienen registrados a sus trabajadores en el IMSS y a éstos no les cubren otras prestaciones, por lo que pagan pocos impuestos.
“El hecho de que una empresa opere en la informalidad le genera menos costos de operación por pagar pocos impuestos, y en consecuencia se convierte en una competencia desleal para la empresa que al pagar impuestos registra mayores costos de producción”, afirmó.
Además, lamentó, las diversas dependencias gubernamentales que se encargan de vigilar que las empresas cumplan con todas las obligaciones que exigen las leyes, solamente visitan a las empresas formales y a las informales nunca las molestan.
Silvas Inzunza reconoció que las reformas laborales que se impulsan en el Congreso de la Unión tienen como fin beneficiar a la clase trabajadora, y aclaró que no están en contra de ello porque siempre van a coincidir en el sentido de que todo mexicano tiene que tener un bienestar para poder darle calidad de vida a su familia.
Sin embargo, observó, que en el país se tiene que empezar a voltear también a ver las condiciones en las que están operando actualmente las empresas y analizar si las reformas que se plantean son sostenibles para todas, particularmente aquéllas que se denominan micro y pequeñas, que son prácticamente el 99 por ciento del total de empresas que operan en el país.