Bernardo Hurtado
Culiacán, Sinaloa.- La presentación de los hallazgos de la investigación ‘Inversión en Infraestructura escolar, La tubería rota de los recursos públicos’, fue realizada este lunes 11 de diciembre en rueda de prensa de Iniciativa Sinaloa.
Sibely Cañedo Cazares, coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa, informó la investigación fue realizada centrándose en el período del 2017 al 2021, investigando los contratos disponibles en la plataforma nacional de transparencia, habiéndose invertido cerca de 2 mil millones de pesos en el período, con un monto de inversión en nivel básico de cerca del 60% al 70%.
“A pesar de toda esa inversión que se realizó, podemos ver que el rezago en infraestructura persiste en al menos 5 de cada 10 escuelas. El 20.3% por ejemplo carece de agua potable, el 19.5% no tienen lavamanos, el 8.6% operan sin electricidad, solo por mencionar algunas carencias. Algunas de las escuelas sufren más de alguna carencia, por eso es de que se da esta proporción”.
También, informó se investigaron 1 mil 636 contratos del periodo 2017-2021 disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y Monitor Karewa Sinaloa, analizando las modalidades de contratación, cómo se dio la proporción de contratos, trabajo de campo en escuelas de nivel básico y entrevistas con directivos, padres de familia y empresarios constructores.
“Y en síntesis podemos decir que vimos obras deficientes o inconclusas, también una falta de supervisión por parte del ISIFE que es el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, es la instancia encargada de la obra pública al mantenimiento en las escuelas de Sinaloa, falta de transparencia y también planteles en deterioro, así como algunos planteles incluso que presentan condiciones riesgosas para los alumnos y la comunidad educativa en general”.
Respecto al presupuesto ejercido por tipo de procedimiento en el período, informó fue una adjudicación de más de 600 millones de pesos de manera directa, un 39% por licitación y otro por invitación, sobrepasando los límites, ya habiendo sido señalado por la ASE desde 2018, pero que no se han acatado incluso en la administración actual.
Con ello, que se recomienda acatar las recomendaciones de la ASE privilegiando las formas de de contratación por licitación pública, transparentar las justificaciones para adjudicaciones directas e incentivar la distribución equitativa de contratos en sector constructor, presentar las denuncias correspondientes y establecer sanciones en caso de faltas administrativas, así como reforzar mecanismos de vigilancia y supervisión de obra por parte de ISIFE.