Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Las diputadas morenistas María Aurelia Leal López y María Victoria Sánchez Peña manifestaron su inconformidad por la lista de candidatos que el Consejo Estatal de Morena aprobó el pasado 3 de enero.
Las legisladoras locales aclararon que se trata de una propuesta, por lo que van a esperar que tanto la Comisión Nacional de Elecciones como la Comisión de Encuestas haga su trabajo y haya un verdadero consenso entre los que aspiran a una candidatura.
Leal López y Sánchez Peña piden a la dirigencia nacional que escuchen las inconformidades que militantes del partido han expresado por la forma en como se distribuyeron las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales.
Pidieron que se transparente el proceso y que los aspirantes sean realmente evaluados, porque tienen conocimiento de que las encuestas no se llevaron a cabo solo para el caso de senadores y aun no se tienen los resultados.
“No es que no se avale la lista porque nosotros somos militantes de Morena y no tenemos ninguna facultad para avalar o no la lista, simplemente lo que estamos pidiendo es que haya transparencia, que se lleven a cabo las encuestas”, expresó María Victoria Sánchez.
Por su parte la ex alcaldesa de Guasave, María Aurelia Leal López, acusó que los consejeros no tenían facultades para tomar este tipo de atribuciones, por lo que sucedió aquí en Sinaloa fue un agandalle.
“Yo le llamo agandalle en donde se repartieron las posiciones consejeros, diputados, funcionarios estatales y consanguíneos de los mismos consejeros. Ahí el pastel estuvo repartido entre ellos casi en lo oscurito”, aseveró.
Leal López hizo un llamado a todos los aspirantes a las diversas candidaturas solicitar ante la Comisión Nacional de Elecciones ser tomados en cuenta en la encuesta que Morena tendrá que llevar a cabo.
Ambas legisladoras locales manifestaron que agotaran primero todas las instancias del partido como es la Comisión de Honor y Justicia nacional y después ante los tribunales porque a todas luces hay una violación a los estatutos y a los derechos políticos de las más de 200 personas que se registraron para participar en el proceso interno.