Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La Auditoría Superior de Sinaloa (ASE) presentó el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para el ejercicio 2024 ante la Comisión de Fiscalización, así como el Informe Anual de Actividades 2023.
Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la ASE, detalló que el PAAVI contiene 102 actos para llevar a cabo la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas que formulan el Gobierno del Estado y los Municipios, la gestión financiera de los entes que manejan los recursos públicos y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
Detalló que se contemplan 65 auditorías de las cuales 41 son financieras, 4 financieras con enfoque de desempeño y 10 sobre el desempeño, además de 8 Revisiones de Matrices de Indicadores para Resultados y Seguimiento de Metas a Programas presupuestarios.
También se programa la ejecución de 20 Análisis de Endeudamiento, cuyos principales conceptos a fiscalizar son los Indicadores de Deuda y Servicio de la Deuda, respecto de sus ingresos; por último, se contempla la ejecución de 19 Evaluaciones de Desempeño, cuyos principales conceptos a fiscalizar son los Indicadores de Deuda y Servicio de la Deuda, respecto de sus ingresos.
“La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, comprometida con la consolidación de la transparencia y rendición de cuentas, ejecutará este Programa de la manera más eficaz y eficiente, con el objetivo de entregar con calidad y oportunidad los resultados de cara a la asamblea legislativa y a la sociedad, optimizando los procesos de planeación, ejecución y seguimiento al proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas en el mismo año en que son presentadas”, puntualizó.
El Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones consiste en la selección de las entidades y conceptos a fiscalizar, mediante la obtención y análisis de la información, tomando en cuenta la calidad de la información, los criterios de selección establecidos, aspectos legales, presupuestales y la capacidad técnica del personal, con la finalidad de comprobar el estricto apego a los preceptos legales y a los principios constitucionales por parte de las entidades al recaudar, ministrar, administrar y aplicar los recursos públicos.