Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Al comparecer ante diputados y diputadas del Congreso del Estado, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas María Guadalupe Ramírez Zepeda, reveló que la dependencia a su cargo inicio 12 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos, 11 de ellos por falta administrativa no grave por incumplimiento de funciones y una por falta administrativa grave por enriquecimiento oculto.
Destacó además que se aplicaron 5 sanciones administrativas, en 2 de ellas se impusieron multas por 865 mil 980 pesos y 215 mil 088 pesos, además se concretó la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa a un ex servidor público a quien se le aplicó la sanción de inhabilitación por 10 años y se le condenó al pago de la indemnización por daños causados a la hacienda pública del estado.
Dijo que, a través de la figura de testigo social, vigilaron la aplicación de 2 mil 246 millones de pesos destinados a obra pública estatal al participar en 126 licitaciones, cumpliendo con el compromiso de promover el uso correcto de los recursos e impedir vicios y malas prácticas durante el desarrollo de contratación.
Por parte de la bancada del PAS, el diputado Gene René Bojórquez Ruiz afirmó que en las dependencias de gobierno existe mucha opacidad en el manejo de los recursos, en las licitaciones y en las adjudicaciones directas que se han hecho durante el 2023.
Además, cuestionó la falta de pago de las cosechas a agricultores, donde se dice que se tiene dinero y no se paga; las licitaciones en obras públicas a proveedores preferidos, la CMIC que se queja de que no hay dispersión de obras; la desaparición de programas sociales en pesca y a dónde se fueron estos recursos, sólo por señalar algunos casos emblemáticos.
“Hoy estamos viviendo un manejo administrativo del gobierno opaco, poco transparente y que no rinde cuentas, si esta afirmación no es cierta, explíquenos a donde se han ido los recursos que se destinaron para el Hospital General de Culiacán, en donde se presentaron irregularidades y aún no hay responsables”, acusó.
El diputado del PRI Luis Javier de la Rocha Zazueta cuestionó a la compareciente sobre el daño patrimonial causado por la administración anterior de mil 700 millones de pesos relacionado con un asunto tributario al que se agrega un castigo en materia recaudatoria, sobre el cual informó el gobernador Rubén Rocha Moya a finales de 2023.