“Eso es un delito fabricado desde el estado, y hoy (…) con esta sentencia de amparo se configura no solo el abuso y la persecución sino también el atropello y la comisión de un delito de abuso de autoridad”, expresó el Encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Robespierre Lizárraga Otero.
Durante el Programa de Radio UAS “Punto Universitario” donde se detalló el fallo protector que ordena a la Auditoria Superior del Estado (ASE) dejar insubsistente la Auditoria 012/2023, Lizárraga Otero indicó que se está hablando del segundo gran episodio de todo este “trajinar” de la persecución política en contra de la Universidad y sus autoridades.
Reiteró que la persecución política inició cuando se admitió el amparo de la UAS en contra de la Ley de Educación Superior del Estado y se materializó con la intención de la ASE de auditar los recursos propios de la Casa Rosalina que derivó en que la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, anunciara sanciones dos horas antes de que se cerra el acta de la diligencia y se evidenció un delito fabricado desde el estado pues en una hora 20 minutos la Fiscalía General del Estado ya había difundido la denuncia correspondiente.
El abogado defensor doctor Milton Ayala Vega señaló que al quedarse sin efecto la Auditoria 12/2023 y todas sus consecuencias deja en evidencia, y va a dejar en firme, que no tenía competencia la ASE para auditar los recursos propios de la UAS.
“Si se está acusando al doctor Jesús Madueña Molina y al doctor Robespierre por un acto indebido en base a esta resolución te hago esta pregunta: ¿quién cometió el acto indebido el doctor Madueña, el doctor Robespierre o la Auditoría Superior del Estado? el acto indebido lo cometió la Auditora del Estado al exceder sus facultades (…) por lo tanto eso que hizo de querer auditar a la Universidad y de denunciar a sus funcionarios eso si es un delito y es un abuso de autoridad”, aseguró Ayala Vega.
Precisó que esos procesos de abuso de autoridad en contra de Robespierre y Madueña, “están heridos de muerte”, y dichas acusaciones caerán evidenciando así la persecución política que siempre denunció el Rector Titular dando paso a una denuncia por abuso de autoridad en contra de diversos funcionarios estatales.
“Más temprano que tarde va a volver el Rector y ese abuso que están cometiendo no les va alcanzar el manto protector de Rubén Rocha Moya para que los proteja de los delitos que están cometiendo”, advirtió al explicar que para que el delito de abuso de autoridad deje de ser perseguible necesitan pasar 4 años de la última actuación que se haga en la carpeta de investigación de tal forma que una vez que quede firme esta resolución se denunciará a la Auditora, a los fiscales y al Gobernador.
El asesor legal de la UAS, doctor José Ramón Bonilla Rojas, expuso que el actuar de la ASE es inconstitucional y así quedó demostrado con el fallo del Juez Primero de Distrito
“Aquí no hay discusión de si cometió abuso de autoridad o no, sí lo cometió, porque está claro que un Tribunal Colegiado ya se pronunció, ya le hizo la chamba a la Fiscalía ¿va a procesar la Fiscal Sara Bruna a la Auditora que incurrió en abuso de autoridad? (…) si vivimos en un Estado de Derecho no deben contar ni compadrazgos, ni amiguismos, ni órdenes del Gobernador, la Fiscal Sara Bruna tiene la oportunidad histórica de demostrar que es una Fiscal independiente y que mejor que procesando a la jefa de su marido”, opinó Bonilla Rojas.
Agregó que la ASE tiene derecho a interponer un recurso de revisión y lo va a revisar el mismo Tribunal Colegiado que revisó los recursos de queja que presentó el ente fiscalizador por admisión del amparo y que le fueron declarados infundados y al ocurrir esto la UAS tiene derecho a una revisión adhesiva para robustecer la sentencia del Juez Federal, por lo que consideró que esto es una cuestión de tiempo y que prácticamente la ASE tiene el caso perdido porque los argumentos que tenían ya los vertieron y los perdieron.