Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sinaloa dieron lectura este martes en sesión ordinaria a dictámenes que contienen dos ternas de aspirantes a ocupar las Magistraturas X y XI propietarias del Supremo Tribunal de Justicia para cubrir las respectivas vacantes de los magistrados José Antonio García Becerra y Claudio Raymundo Gámez Perea tras su retiro.
Los dictámenes fueron aprobados previamente a la sesión por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y la de Justicia donde la diputada del Partido Sinaloense, Luz María Torres Noriega, insistió en que el aspirante a magistrado y juez de proceso Adán Alberto Salazar Gastélum no cumple con los requisitos.
Al respecto la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Gloria Himelda Félix Niebla, aclaró que existe un documento emitido por la secretaría de Gobernación donde se acredita que Salazar Gastélum fue desincorporado de la lista de ministros de culto.
Para el caso de la Magistratura Decimo propietaria la terna aprobada y que se somete a discusión del Pleno está integrada por Irma Guadalupe Gutiérrez López, Adán Alberto Salazar Gastélum y Gustavo Quintero Espinoza.
Para la magistratura Decimo primera propietaria la terna propuesta está integrada por Abigail Noriega Félix, Felipe Alberto Valle Nieblas y Karla Patricia Zatarain Delgado.
Las dos ternas serán puestas a consideración del Pleno del Congreso del Estado para que de ellas se proceda a elegir mediante voto por cedula a las dos personas que ocuparán las magistraturas propietarias Decimo y Onceava del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En los considerandos de ambos casos, las Comisiones Unidas señalan que es de reconocer el interés de la sociedad Sinaloense de contar con Magistradas y Magistrados de experiencia, competencia y honorabilidad.
Asimismo, indican que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 17 el imperativo de contar con juzgadores de experiencia e independientes, como un derecho fundamental que tiene a su favor la sociedad; lo cual obliga a fortalecer a los órganos encargados de impartición de justicia de elementos que permitan garantizar y preservar la calidad y efectividad de la misma.