Culiacán, Sinaloa.- Ante la renuncia irrevocable presentada por la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, el pasado viernes, la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa se reunió para convocar a un periodo extraordinario de sesiones este sábado, para sesionar ante el Pleno y abordar el tema.
Esta sesión extraordinaria se leyó el documento enviado por la misma fiscal, donde daba a conocer su decisión, por lo que la Junta de Coordinación Política de esta Legislatura envió un acuerdo para que fuera votado por el Pleno, en el que se propone aceptar la renuncia de Quiñónez Estrada y declarar vacante el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado.
El Acuerdo también establece que se debe comunicar esta decisión al titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales y administrativos pertinentes dentro de su ámbito de competencia, y se ordenó informar al Vicefiscal General de la Fiscalía General sobre la situación, para que se tomen las medidas necesarias de acuerdo con la Ley Orgánica y el reglamento de dicha institución.
Una vez concluida esta sesión extraordinaria, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, explicó el proceso que se seguirá para nombrar al nuevo Fiscal General del Estado, tras la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada.
Castro Meléndrez indicó que el acuerdo de aceptación de la renuncia y declaración de vacante será turnado al Consejo Estatal de Seguridad Pública, que emitirá una convocatoria para el registro de aspirantes. Este Consejo seleccionará a cinco candidatos que presentará al Gobernador, quien a su vez enviará una terna al Congreso para su consideración final.
El legislador morenista explicó que el Consejo tiene un plazo máximo de 10 días para procesar toda esta dinámica, por lo que el Congreso atenderá con prontitud el proceso una vez reciba la terna del Ejecutivo.
El diputado enfatizó el compromiso del Congreso con la transparencia del proceso, ya que están claros que tienen la responsabilidad de conducirse con lo que establece la Constitución y las disposiciones jurídicas.