Culiacán, Sinaloa.- Los diputados Rubén Miranda López y Daniel Antonio Cisneros Castro, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, del Congreso del Estado, presentaron una iniciativa para expedir una nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Sinaloa, a la cual se le dio primera lectura ante el Pleno en la sesión extraordinaria de este martes.
La propuesta, que busca establecer un marco legal actualizado para la resolución de conflictos fuera de los tribunales, fue respaldada por el artículo 45, fracción I de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 18 fracción I, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias, que incluyen la mediación, la conciliación y el arbitraje, han ganado relevancia en los últimos años como herramientas para descongestionar el sistema judicial y ofrecer vías más rápidas y menos costosas para resolver disputas entre particulares.
Se espera que la nueva ley, de ser aprobada, modernice y amplíe el alcance de estos mecanismos en Sinaloa, ya que podría incluir disposiciones para la formación y certificación de mediadores, el establecimiento de procedimientos estandarizados para la resolución alternativa de conflictos, y posiblemente la ampliación de las áreas del derecho en las que estos mecanismos pueden ser aplicados.
La iniciativa refleja una tendencia nacional e internacional hacia la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos, que buscan no solo aliviar la carga de los tribunales, sino también fomentar soluciones más colaborativas y menos adversariales a las disputas legales.
Los diputados Miranda López y Cisneros Castro argumentaron que esta nueva ley es necesaria para actualizar el marco jurídico estatal y ponerlo a la par de las mejores prácticas en la materia. Se espera que la propuesta sea turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen antes de ser sometida a votación en el pleno del Congreso.
La presentación de esta iniciativa marca el inicio de lo que probablemente será un proceso legislativo que incluirá debates, posibles modificaciones y consultas con expertos en resolución alternativa de conflictos y otros actores relevantes del sistema de justicia sinaloense.