Irene González

Culiacán, Sinaloa.- Con el voto en contra del PAS, PAN y Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta conocida como “supremacía constitucional” aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, la cual establece que las reformas constitucionales ya no podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

Sinaloa se convierte en el estado número 17 en el país en aprobar, las y los legisladores con 28 votos a favor y 9 en contra la minuta del Senado de la República, en materia de impugnabilidad y el derecho de la eliminación incurrir a amparos en el Poder Judicial.

En tribuna el grupo parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por los diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño y Angélica Díaz Quiñónez, se pronunció en contra a la reforma que propone restringir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para declarar inválidas las modificaciones a la Constitución aprobadas por el Congreso.

Al hacer uso de la tribuna, el coordinador de la bancada del PAS hizo un llamado a los legisladores para que reflexionen sobre las implicaciones a largo plazo de esta reforma y actúen en defensa de la Constitución, que es la base de nuestro sistema democrático y protector de los derechos ciudadanos.

 “En este sentido, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de un México donde el equilibrio de poderes y la protección judicial sigan siendo pilares fundamentales de nuestra democracia, pues la Constitución no es solo un documento legal; es el pacto social que protege los derechos y libertades de cada ciudadano.”

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, afirmó que esto significa que ya no se tendrán herramientas para que los ciudadanos y ciudadanas puedan defenderse ante los posibles abusos que se cometan desde el poder.

Afirmó que con esta reforma deja vulnerable la Constitución Política y deja indefensas a las familias para proteger su patrimonio, así como para defenderse de los excesos, ocurrencias y abusos que se cometan desde del poder, porque limita el derecho de las personas y organizaciones a defenderse e incluso afecta también a los Estados y a los Municipios.

“Esta reforma también abre la puerta a decisiones autoritarias, arbitrarias y ocurrentes de la presidenta de México, de los senadores y diputados de Morena. Tiene consecuencias graves en los derechos humanos, es una amenaza para la integridad de nuestra democracia y pone en riesgo la propiedad privada y el patrimonio de las familias mexicanas”.

Afirmó que con esta reforma Morena y sus aliados podrán expropiar los medios de comunicación privados y dejar la comunicación como potestad exclusiva del Estado Mexicano, para informar solo lo que a ellos les convenga y estar en condiciones de pasar la propiedad privada a manos del estado y no tendrían las familias ningún medio para defender su patrimonio.

Durante la discusión de la minuta del Senado de la República, en materia de impugnabilidad y el derecho de la eliminación incurrir a amparos en el Poder Judicial, el diputado local, Jorge González Flores, afirmó que con esto queda un México sin democracia y una ciudadanía abandonada al quedarse sin medios judiciales para defender sus derechos humanos.

Desde tribuna en el Congreso local, el legislador del PAN aseveró que el gobierno de Morena está fascinado con el poder y ha promovido toda reforma constitucional que les permita seguir con el control del poder y de manera irracional, seguir destruyendo a la constitución.

“Hoy fascinados por el poder no escuchan y quieren evitar que la Corte revise sus decisiones. Quieren el poder “sin límite”, lo quieren TODO.  Esta llamada reforma de supremacía constitucional va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, es una reforma retrógrada, porque como sociedad no tenemos cómo hacerle frente al abuso y al exceso de las autoridades en materia de los derechos humanos”, expresó.

El legislador expuso como ejemplo de la utilidad de los amparos y recursos de inconstitucionalidad, aquellos interpuestos en defensa del otorgamiento de medicamentos para niños con cáncer y para que el Estado garantizara la vacunación de niños y niñas sobre el COVID-19.

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