Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado solo cumplió con el mandato de un Juez que emitió una resolución judicial a partir de un amparo promovido por la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, por considerar que sus derechos habían sido violentados, por lo que la 63 legislatura solo acató dicha resolución, dio a conocer la diputada Graciela Domínguez Nava.
En entrevista telefónica con el periodista Felipe Guerrero Bojórquez, la también coordinadora de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado explicó que la inconformidad de la magistrasa Lucila Ayala de Moreschi, es que no se le dio la oportunidad de participar en la terna que envió el gobernador al Congreso del Estado para ocupar el cargo de Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
“Ella hizo la solicitud en su momento al gobierno del estado, quien es el que manda las propuestas al Congreso del Estado para ser consideradas, y el Congreso del Estado es quien hace los nombramientos y esto sucedió durante la 62 legislatura en el 2017, y en ese sentido se procedió a no considerar la solicitud de Lucila Ayala y se nombró en su sustitución como magistrado a Héctor Torres Ulloa”.
Detalló que después del tiempo en que Lucila Ayala buscó en distintos tribunales que se le hiciera justicia de acuerdo a lo que ella consideraba que era violatorio a sus derechos, finalmente hubo una resolución a sufavor por una última instancia.
“Por un Juez Colegiado de Justicia Administrativa y en ese sentido, pues llega un mandato muy concreto, que no genera ninguna interpretación y que es una obligación al Congreso del Estado cumplirla, donde se establecía primero, que el Congreso dejara sin efecto el oficio mediante el cual en aquel entonces le rechazó la solicitud de ser considerada a Lucila Ayala y en segundo dejar sin efecto el nombramiento del magistrado que sustituyó la vacante de Lucila Ayala”.
En ese sentido Domínguez Nava, explicó que cuando llega una resolución de este carácter judicial, al Congreso no le corresponde decidir si está de acuerdo o no, y solo tiene que acatarlo, ya que el Congreso se extralimitó de sus funciones y violentó el derecho de una persona.
“Entonces cuando hay violaciones por parye de la autoridad, que en este caso es el Congreso, pues hubo una intervención y se le mandata reponer el procedimiento, entonces, el jueves nosotros planteamos proceder a que se diera cumplimiento a esta ejecutoria de sentencia, era muy clara, era dejar sin efecto el nombramiento del magistrado Torres Ulloa”.
Respecto a la solicitud de aclaración que presentó el magistrado Héctor Torres Ulloa ante el Juzgado que emitió la resolución a favor de Lucila Ayala, la coordinadora de la Jucopo explicó que el Congreso hasta el momento no ha recibido de parte del Juzgado de Distrito, ninguna notificación distinta a la resolución emitida.
“Por lo tanto mientras el Congreso no recibiera una notificación de la instancia indicada para dejar sin efecto el primer mandato judicial, el Congreso tenía que acatar el único mandato judicial que le llegó”.
Agregó que el hecho de que el Juzgado haya aceptado darle entrada a la aclaración, no significa que surta efectos negativos en el mandato que se el envió al Congreso.
“Eso lo sabe perfectamente el magistrado Torres Ulloa y lo saben los diputados del PRI, que nos pidieron un espacio para que con varios abogados se analizáramos durante varias horas, lo que propició el receso que tuvimos”.
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