Culiacán, Sinaloa.- Con el fin de garantizar una reincorporación social y laboral plena, justa y armoniosa, una vez saldada la deuda con la justicia, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa propuso eliminar la obligatoriedad de los aspirantes a un empleo a presentar su carta de no antecedentes penales.
Luego de entregar la propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo ante Oficialía de Partes, la Dip. Elva Margarita Inzunza Valenzuela señaló que ello contribuye a salvaguardar los derechos humanos al pugnar por un trato igual, al no discriminar y al permitirles encontrar un trabajo digno para sacar adelante a sus familias. Consideró que no es factible lograr la reinserción social, establecida como uno de los objetivos del Sistema Penitenciario Nacional, en tanto no se respete el derecho de Igualdad, para dar a estas personas el mismo trato y oportunidades a fin de acceder a los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales.
“Los antecedentes penales forman parte, como claramente lo dice el nombre, del pasado de la persona, que no debe ser motivo alguno para condenar a ningún ser humano a y impedir su desarrollo laboral y productivo.
“Incluso, el marcar a una persona con un acta donde hable de los delitos que en el pasado cometió transgrede el derecho a la vida privada, al hacer público asuntos personales por lo que debemos de luchar por que se garantice ese derecho a la vida privada que puede significar una segunda oportunidad”, señaló en su intervención.
Inzunza Valenzuela consideró grave que los antecedentes penales de una persona afecten al resto de la familia, dado que al querer ingresar a un trabajo se les pregunta por sus familiares, lo que conlleva a una discriminación transversal y a ser también estigmatizados.
“La exigencia de la carta de no antecedentes penales, puede estar generando prácticas de no respeto de los derechos humanos de las personas que buscan empleo, con mayor razón de aquellos que buscan su reinserción social.
Esto es, los antecedentes penales pueden llegar a ser factor de transgresión de la dignidad humana de las personas, y puede llegar a detonar el menoscabo de sus derechos y libertades”, indicó.
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