Culiacán, Sinaloa.- En Sinaloa se tienen desde años atrás agresiones contra defensores de derechos humanos y así lo muestran las estadísticas de por lo menos cinco asesinatos de los años 90’s a la fecha desde los abogados, Jesús Michel Jacobo y Norma Corona, dijo Óscar Loza Ochoa quien participó en la elaboración de la iniciativa de Ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entregada el jueves en el Congreso del Estado.
Consideró que el reto es combinar la voluntad de la autoridad estatal con el Instituto para la Protección defensores de derechos humanos y periodistas para que funcionen de manera conjunta y antes que se den las agresiones, se establezca un mapa de riesgos para adelantarse en la prevención.
Añadió que además de los asesinatos, se han registrado varios casos de amenazas contra defensores tanto en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán como medida de presión para que no denuncien casos de instituciones y uno es el caso es el de Leonel Aguirre Meza, actual presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que fue llamado a declarar porque atendió a una familia de Navolato que denunció abusos de autoridad de parte de miembros del Ejército.
Precisó que desde 1987, fue cuando asesinaron a Michel Jacobo, en 1990 a Norma Corona, en 1999 a quien fuera dirigente de la Federación de Abogados, Jorge Aguirre Meza, luego, el 5 de septiembre del 2007 fue asesinado el activista y abogado del Frene Cívico, Ricardo Murillo Monge, hermano de la “Meché” Murillo.
Dijo que otro caso fue el de Sandra Luz Hernández, ocurrido el 12 de mayo del 2014, agresión a balazos contra una madre de 50 años que buscaba a su hijo desaparecido.
Agregó que la unidad de protección a víctimas no se completó y aparte le dieron demasiados trabajos desde atender a quienes hospitalizan producto de algún atropellamiento hasta víctimas de represiones por lo que resulta demasiado trabajo por lo que con la creación de la Comisión local de búsqueda, comisión de atención a víctimas por eso la iniciativa entregada al Congreso para crear un Instituto de protección a defensores de derechos humanos y periodistas es un avance pues contempla que desaparezca la unidad de protección .

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