Culiacán, Sinaloa.- Ante el Pleno del Congreso del Estado se leyeron dos iniciativas que proponen reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
La primera iniciativa que fue leída, fue presentada por los ciudadanos David Moreno Lizárraga, Nubia Yazmín Puentes Llanos, Edna Lizette Fong Payán, Silber Alonso Meza Camacho, Luis Ángel González Valenzuela, Alán Alfonso Pérez Ramos y Gustavo Rojo Navarro.
Este grupo de ciudadanos propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, con la finalidad eliminar la corrupción.
En la exposición de motivos, los promoventes de la iniciativa expoonen que la corrupción cada vez es un problema más generalizado que afecta a todos los niveles, sectores y ámbitos, siendo en materia de contrataciones de obras públicas el área más afectada.
Se lee que la corrupción tiene costos significativos, ya que el 57 por ciento de los casos internacional procesados, según la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hubo sobornos para obtener los contratos públicos.
Para Sinaloa, estado que en 2017 ocupó a nivel nacional el segundo lugar en actos de corrupción, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y en 2018, el tercer lugar en actos de corrupción, relacionados con la realización de prestación de servicios.
Resulta necesario empezar a cambiar estas prácticas desde la legislación local, se expone.
Datos expuestos ligados a corrupción, falta de información, opacidad y muchos otros, dan pie a que se genere desconfianza entre la ciudadanía hacia los procesos de contratación de obra pública, se lee.
“Por ello es indispensable que, a partir de la aprobación de la siguiente propuesta de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, se busque mejorar la rendición de cuentas y la participación ciudadana con el fortalecimiento de la figura denominada Testigo Social”.
Plantean aumentar la transparencia en los procesos de contratación y disminuir los espacios propicios para actos de corrupción desde la ley.
La segunda iniciativa que fue leída ante el Pleno, es de los ciudadanos transportistas Miguel Loaiza Pérez y José Miguel Luna Ley que plantean reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
Los promovenes de la iniciativa consideran necesario, que en los comités de obras públicas, estatal y municipales, así como en aquellos que, conforme a la Ley de Obras Públicas, deben establecer cada una de sus entidades en el ámbito de sus competencias, esté representado el sector que representan.
Consideran que los artículos 35, 36 y 37, requieren ser adicionados con una nueva fracción en la que se contemple como integrantes de esos comités a dos representantes concesionarios de servicio público de transporte de carga, designados por las organizaciones estatales del transporte de mayor representación en el Estado de Sinaloa.
Con la finalidad de evitar las prácticas indebidas de los contratistas de obra pública que lesionan la economía de este sector social, que de manera constante contratan a concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte de carga, para la prestación de este servicio y les incumplen con el pago que acordaron de la contraprestación.
“Es necesario incorporar en la Ley de Obras Públicas, un nuevo supuesto normativo relativo a una garantía que deban otorgar los contratistas al ente público que contrató la obra, consistente en garantizar a estos prestadores de servicios el pago correspondiente al servicio que realizarán por el traslado de materiales derivados de la ejecución de la obra pública”.
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