Por: Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen sobre la iniciativa que la Junta de Coordinación Política presentó para que la reducción de diputados, aprobado el 28 de marzo de 2017, entre en vigencia en 2024, y no el 2021.
El 28 de marzo de 2017, fue aprobado por el Pleno del Congreso, el decreto número 105, por el cual se reforman los párrafos primero, tercero, cuarto y séptimo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Dicho decreto fue producto de una iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado a efecto de reducir el número de diputados integrantes del Congreso, de 40, a 30, de los cuales, 18 serán de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.
En dicho decreto, en el primer artículo transitorio se dispuso que la reforma del artículo 24 relativa a la integración del Congreso, entrara en vigor el primero de febrero de 2020, para ser aplicable al proceso electoral local 2020-2021.
De acuerdo con las consideraciones de la iniciativa presentada hoy por la JUCOPO, se explica que esto conlleva una serie de acciones que se derivan de la entrada en vigor de la dicha normativa, en referencia al artículo 24 de la Constitución Local.
Y es que a partir de ello, en el diverso transitorio tercero también se obliga a la realización de la armonización de leyes secundarias en materia electoral, así como dar vista al Instituto Nacional Electoral, con el objeto de que derivado de esta reforma, se tenga que hacer la nueva determinación geográfica.
Todo ello requiere de un proceso largo y con el fin de estar preparados para el proceso electoral citado, para que la norma empiece a aplicar realmente desde que inicia su vigencia, se cuenta con un plazo corto para su realización.
Y eso no solo para el Congreso, sino también para todos los actores políticos que participan en los procesos electorales: partidos, instituciones electorales federales y estatales y los candidatos en las campañas que deberán aplicar nuevas reglas.
En el entendido de que los tiempos están muy reducidos para que la vacatio legis deje de operar y así la norma en comento surta efectos, surge el problema de que las acciones derivadas del mismo no se realicen a cabalidad de la mejor manera, pues conlleva una serie de trabajos que en el corto plazo no se pueden realizar.
“De ello resulta necesario dar un poco más de tiempo para la entrada en vigor de la norma, lo cual permitiría la realización de una planeación más integral”, detalla la iniciativa que fue presentada con las firmas de Morena, PRI, PT, PRD, PAS y de Marco César Almaral, presidente de la Mesa Directiva.
Por eso, los integrantes de la JUCOPO, que componen el gobierno interno del Congreso, consideran viable dar un poco más de tiempo a la entrada en vigor del decreto de marras para inicios del año 2023.