Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La reunión de trabajo de las comisiones unidas que se llevó a cabo el pasado jueves es ilegal al igual que el dictamen que se aprobó para realizar reformas a la Ley de Educación a fin de que los maestros jubilados y pensionados de la sección 27 del SNTE reciban un aguinaldo de 65 días en lugar de 40, denunció el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez.
En conferencia de prensa el coordinador del grupo parlamentario del PRI acusó que la reunión en la que participaron las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación Pública y Hacienda fue ilegal porque no hubo quórum de las tres comisiones como lo que establece la norma y el procedimiento legislativo.
“A pesar de que no hubo quorum se llevó a cabo esta reunión y no solo eso sino que aprobaron un dictamen es evidentemente totalmente ilegal, quiero decir además aquí estamos en presencia de otros elementos de vulneración de la legalidad por ejemplo el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales y sus integrantes no debieron estar en esta reunión de comisiones unidad porque esta solo puede dictaminar cuando se trate de reformas constitucionales, de creación de nuevas leyes o temas que tienen que ver con la seguridad pública”.
Por otro lado acusó que hay un posible conflicto de interés en la dictaminación de esta iniciativa porque el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Horacio Lora y algunos integrantes de la comisión de Educación son maestros jubilados que pertenecen a la sesión y que saldrían beneficiados por lo que no deberían participar en la resolución de este asunto.
Jacobo Gutiérrez expresó además que con esta reforma se pretende que Gobierno del Estado cubra el pagó de los 25 días de aguinaldo de los trabajadores jubilados que pertenecen al SNTE de la sección 27 cuando se trata de prestaciones que debe cubrir la federación por ser trabajadores federales, lo que significa una aberración legislativa y presupuestal.
“Nosotros no negamos la justeza que hay en los reclamos de los trabajadores de la educación, es más nos sumamos a esta demanda, pero creemos que la manera en que se quiere resolver no es la correcta no se le puede cargar a gobierno del estado una obligación que no le toca que no le corresponde, esta es una demanda que tendrá que atenderse a través del presupuesto federal”.