La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa acordó revisar puntualmente la no aceptación a 3 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por parte del alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y a una por parte del abogado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero.
En su reunión virtual mensual, las integrantes de esta Comisión, que preside la diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto, acordaron sostener un encuentro con la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del Congreso para fijar una postura y emitir una resolución.
El Acuerdo fue aprobado con el voto de la diputada presidenta y de la diputada secretaria, Felicita Pompa Robles, y las diputadas vocales Gloria Himelda Félix Niebla y Almendra Ernestina Negrete Sánchez.
El pasado 27 de enero el Pleno del Congreso dio lectura a cuatro oficios de la CEDH en los que informa de la no aceptación a sus recomendaciones por parte de los funcionarios señalados para los efectos legales a que haya lugar.
Estos oficios fueron turnados a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y a la de Derechos Humanos.
*En lo que respecta al alcalde Jesús Estrada Ferreiro son tres oficios:
*Un oficio corresponde a la recomendación 11/2021 emitida el 11 de octubre de 2021 por violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica, ocasionada por la omisión de custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguridad a personas, así como por la prestación indebida del servicio público, en agravio de Diana Giselle Piña Padilla y José Alberto Piña Soto.
El 19 de octubre de 2021 el presidente municipal de Culiacán informó la no aceptación de la recomendación.
*La recomendación 16/2021, fue emitida el 15 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos del honor y la seguridad jurídica, ocasionadas por las declaraciones públicas pronunciadas por el mismo presidente municipal.
Estas declaraciones lesionaron el honor y reputación de Mario Eduardo Kato, de viudas, familiares de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y de policías jubilados.
El pasado 5 de enero, el citado alcalde informó a la CEDH la no aceptación de la resolución.
*La recomendación 18/2021 fue emitida en contra del Ayuntamiento de Culiacán el 16 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad pública, con motivo del incumplimiento de la obligación que le fue impuesta por el artículo 44 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en agravio de Jesús Javier Félix Cervantes.
El 7 de enero el alcalde Jesús Estrada Ferreiro informó a la CEDH la no aceptación de la recomendación.
*En lo que se refiere a la UAS, la CEDH emitió la recomendación 9/2021 por violaciones a los derechos del profesor José Casimiro García Castro, y la institución educativa no aceptó la recomendación.
Durante la discusión de estos oficios y de la decisión de no aceptarla por parte de quienes recibieron las recomendaciones, las diputadas Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Felicita Pompa Robles, Gloria Himelda Félix Niebla y
María Aurelia Leal López, se pronunciaron por emitir una resolución.
La diputada María Aurelia Leal López advirtió la posibilidad de que estos casos trasciendan las fronteras nacionales y hagan ver mal a Sinaloa y a México por la negativa a cumplir las recomendaciones de la CEDH.
DOS ACUERDOS MÁS
En la misma reunión virtual de este martes, las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos acordaron tener reunión de trabajo con representantes de la CEDH y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
En esta reunión se verá lo relativo a la solicitud de respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Congreso del Estado sobre el incumplimiento de los artículos transitorio 3 y 6 de la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles humanos y degradantes, publicada en 2017.
De igual manera, se acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política que se incluya a la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Abierto que se viene llevando a cabo para analizar y discutir los temas de Identidad de género, Derecho a la vida y Despenalización del aborto.