Culiacán, Sinaloa.- El pleno de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa acordó realizar una auditoría a los ejercicios presupuestales del ex magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa dio a conocer Jesús Iván Chávez Rangel magistrado presidente esta institución.
Al presentar ante los diputados del Congreso del Estado un informe anual de actividades y sobre la situación financiera y administrativa del órgano jurisdiccional, Chávez Rangel señaló que al corte del 15 de mayo del 2019 el Tribunal arroja un saldo de 56 mil 315 pesos mientras que las cuentas por pagar alcanzan la cifra de un millón 797 mil pesos.
Manifestó que debido a la insuficiencia presupuestaria existen áreas del tribunal cuyo funcionamiento es del todo inviable y otras funcionan con el personal mínimo indispensable lo que impide cumplir con los plazos legales en el desahogo de los juicios.
En su informe Chávez Rangel evidenció que el anterior titular del tribunal, Héctor Samuel Torres Ulloa omitió llevar a cabo el proceso de la entrega recepción de la presidencia y omitió rendir los informes financieros de los periodos comprendidos de septiembre a diciembre de 2017, la totalidad del 2018 y el año 2019 desde su inicio hasta la culminación de su encargo como presidente el pasado 17 de abril.
“Ante ese estado de cosas el pleno de la sala superior ha definido la necesidad de encomendar alguno de los despachos autorizados por la Auditoria Superior del Estado la realización de una auditoria externa específica sobre los ejercicios presupuestales de los años 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019 que nos permita conocer con precisión si la totalidad de los recursos presupuestarios que el Congreso aprobó para este Tribunal fueron efectivamente entregados a nuestra institución, así como la forma y términos en que estos fueron ejercidos a fin de estar posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan y en su caso deslindar responsabilidades que pudieran derivar del resultado de dicha auditoria”, manifestó.
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa recordó que hay una orden de un tribunal colegiado de circuito para que se paguen las remuneraciones que debió haber percibido la magistrada Lucila Ayala de Moreschi en los años que estuvo fuera de la institución, sin embargo no se cuenta con partidas económicas para atender ese ordenamiento.
También dio a conocer que el presupuesto de 44 millones de pesos que fue asignado por el Congreso del Estado para este año y la nómina del personal sigue siendo administrado por la secretaria de finanzas de gobierno del estado pese a que la Constitución Política local desde el 2017 y Ley Orgánica del tribunal desde el 2018 ordenan lo contario.
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