Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Ante el procedimiento resarcitorio iniciado por la Auditoria Superior del Estado por el presunto desvío de recursos de 260 millones de pesos encontrados en la secretaría de Administración y Finanzas durante el gobierno de Mario López Valdez, la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera dio a conocer que los presuntos involucrados presentaron como prueba un dictamen que revela el destino de los mismos por lo que no tendrán que restituir esos recursos.
Félix Rivera aclaró que con esto se resuelve el proceso resarcitorio iniciado por la ASE más no así la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía Anticorrupción y el procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas promovido ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
En conferencia de prensa, la titular de la auditoría recordó que del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de segundo semestre 2016 se obtuvieron varios resultados relacionados a esta dependencia en los cuales se encontró un presunto desvió por el orden de los 260 millones de pesos al hacer una transferencia de cuentas federales a cuentas estatales.
Ante esto la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción por esa observación y la promoción de responsabilidad administrativas ante la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, las cuales se encuentran en curso.
Félix Rivera precisó que al momento de la auditoría realizada por la ASE se desconocía el destino que tuvieron esos recursos, es decir, había una transferencia que no debió hacerse de cuentas federales a cuentas estatales por lo que se formula un pliego de responsabilidades.
Sin embargo, los presuntos responsables aportaron como prueba un dictamen que revela el destino de los 260 millones de pesos, es decir, refleja la aplicación de esos recursos en fines propios del estado, por lo tanto en el procedimiento resarcitorio que la auditoria tramita queda desvanecido.
“Los elementos para imponer una sanción resarcitoria y una indemnización se desvanecieron con esas prueba, no así la denuncia de hechos presentada ante Fiscalía Anticorrupción e igualmente el procedimiento administrativo de responsabilidad administrativas correspondientes. Insistió lo que resolvió la ASE fue el asunto de su propia competencia, el procedimiento que tramita para imponer sanciones resarcitorias, no los procedimientos que las autoridades diversas a la ASE y que están siguiendo sus procedimientos y trámites correspondientes siguen en esa actuación, es decir, no hay absolutamente ningún cambio para ellos, obviamente fue notificado lo que decidimos porque debe ser informado sin embargo cambia para la auditoría el tema de obligar a resarcir ese daño”.
Por otro lado, la auditora superior del estado dio a conocer que del informe relativo a las cuentas públicas de los entes fiscalizados correspondientes al 2018 que fue presentado el pasado 19 de febrero se estableció un monto probable de recuperar por el orden de los 492 millones de pesos.
Indicó que de estos recursos a la fecha los entes fiscalizados entre estos gobierno del estado, ayuntamientos y organismos descentralizados han logrado solventar la cantidad de 243 millones de pesos, más de 7 millones de pesos se reintegraron y quedan pendiente de solventar 242 millones de pesos.
Detalló que estos dictámenes están por remitirse al área jurídica para la tramitación del procedimiento correspondiente, aun cuando el importe de recuperación probable es similar a la del 2017 existen marcadas diferencias ya que la muestra auditada en este año fue mayor.
“En el tema de las denuncias penales que incluye el informe que guarda la solventación de observaciones por acuerdo con la comisión de Fiscalización y la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía las denuncias que deriven del resultado de la fiscalización deberán presentarse una vez concluido el proceso administrativo correspondiente”.