Culiacán, Sinaloa.- En la sesión ordinaria desarrollada en el Congreso de Sinaloa este jueves, el diputado local por Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, presentó un análisis detallado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, su origen, evolución y los retos que enfrenta en el futuro.
Zazueta Zazueta comenzó su intervención remontándose al año 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México en medio de cuestionamientos sobre actos de corrupción, donde señaló que en ese momento, el Partido Acción Nacional también se encontraba desgastado por escándalos de corrupción durante sus dos administraciones federales previas.
El diputado morenista destacó que para 2014, según datos de la revista Forbes México, el país ocupaba el primer lugar en corrupción, por lo que era una situación insostenible, junto con la presión de la sociedad civil organizada, llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Recordó que el estado de Sonora fue pionero, en 2015, al crear la primera Fiscalía Anticorrupción estatal, sirviendo como modelo para el sistema nacional, y finalmente, el 18 de julio de 2016, se dio vida al SNA, que implicó la desaparición de las contralorías y la creación de órganos internos de control, así como modificaciones a las leyes de auditorías superiores estatales.
Sin embargo, el legislador morenista expresó que el SNA no ha dado los resultados esperados y argumentó que la disminución actual en los índices de percepción de corrupción se debe más a la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que a la efectividad del sistema.
Con miras en el futuro, el diputado mencionó el reciente anuncio de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción y señaló que aún no está claro si esta agencia modernizará la Secretaría de la Función Pública o si se trata de un sistema completamente nuevo.
Añadió que ha varios retos futuros que enfrentar en la lucha contra la corrupción, entre ellos fortalecer los órganos internos de control, fomentar la cultura de la legalidad entre los servidores públicos, garantizar respuestas rápidas a las denuncias de corrupción, ampliar la transparencia en el uso de recursos públicos, así como promover la participación ciudadana en la denuncia y vigilancia de actos de corrupción.