La corte federal de Brooklyn fijó para el 13 de abril de 2026, a las 10:00 horas, la fecha en que se dictará sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada García, histórico exlíder del Cártel de Sinaloa. La decisión del juez Brian Cogan se dio después de que la defensa del narcotraficante solicitara aplazar la audiencia 90 días, argumentando dificultades para completar el informe previo a la sentencia debido a la creciente violencia en México.
Este informe, clave para intentar reducir una condena que probablemente será de cadena perpetua, depende de testimonios, cartas y documentos de familiares y allegados, cuya recolección, según la defensa, se ha visto obstaculizada por la inseguridad. El juez estableció además que los abogados de Zambada entreguen su informe antes del 30 de abril del próximo año, mientras que la fiscalía deberá presentar su propio documento a más tardar el 6 de abril.
Zambada García se declaró culpable el 25 de agosto de dos cargos relacionados con crimen organizado, en una audiencia presidida por Cogan. Tras ello, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, celebró la admisión de culpabilidad y afirmó que el capo “pasará el resto de su vida en prisión”. Hasta ahora, “El Mayo” no cuenta con factores mitigantes, como un acuerdo de cooperación con autoridades estadounidenses.
El caso se volvió más complejo luego de que Zambada asegurara en una carta que en 2024 fue llevado contra su voluntad de Sinaloa a Nuevo México, tras caer en una supuesta trampa orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien habría buscado favorecer su propia situación legal y la de su hermano Ovidio. Washington coincidió en esa versión, señalando que la entrega del capo mexicano ocurrió como resultado de ese engaño.
Con una posible sentencia de por vida, la defensa de Zambada insiste en que la recopilación de evidencia mitigante ha sido extremadamente difícil. En la carta enviada a la corte, su abogado Frank Pérez explicó que la violencia en varias regiones de México ha limitado la posibilidad de viajar, coordinar entrevistas y conseguir testimonios, factores que considera esenciales para el memorándum de sentencia.
Pérez detalla que “retrasos en viajes y comunicaciones han sido inevitables”, y que varios testigos apenas han podido confirmar su disposición para colaborar, lo que frena la construcción del expediente que buscan presentar ante el juez. El equipo legal sostiene que la inestabilidad del país ha generado “dificultades logísticas serias” para obtener información que podría influir en la gravedad del fallo.
A la espera de que ambas partes presenten sus informes, el proceso avanza hacia una sentencia que podría marcar el capítulo final de una de las figuras más influyentes en la historia del narcotráfico en México, cuyo destino se definirá en 2026 ante la corte estadounidense.
