Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este jueves por unanimidad adicionar disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para proteger la autonomía y libertad sindical frente a actos de injerencia por parte de personas servidoras públicas.
La presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, Moncerrat López López, explicó que el dictamen tiene como propósito reforzar la autonomía sindical y cerrar la puerta a cualquier injerencia indebida desde la función pública en la vida interna de los sindicatos. Señaló que la libertad sindical es un derecho humano laboral y un elemento indispensable para relaciones de trabajo equilibradas.
La legisladora argumentó que cuando existen presiones, condicionamientos o uso de recursos institucionales para influir en elecciones sindicales se vulnera la voluntad real de las y los trabajadores y se debilita la legitimidad de sus organizaciones.
Destacó que la Comisión busca tres resultados con esta reforma: certeza jurídica al establecer límites claros, prevención de prácticas de presión o manipulación y fortalecimiento democrático de los sindicatos.
La propuesta que fue presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya establece un listado de 19 conductas específicas que serán consideradas como injerencia sindical y constituirán faltas administrativas graves.
Entre estas acciones se incluyen coaccionar o amenazar a trabajadoras o trabajadores para participar en eventos de campaña sindical, ejercer presión jerárquica sobre subordinados para que apoyen determinadas candidaturas, condicionar servicios institucionales a cambio de votos sindicales y utilizar recursos públicos para favorecer o perjudicar planillas sindicales.
El proyecto contempla adicionar el artículo 181 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual establece que los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia en su constitución, funcionamiento, administración y desarrollo de elecciones sindicales. Cualquier contravención será considerada falta administrativa grave.
Asimismo, propone incorporar el artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas, señalando que será responsable de injerencia sindical el servidor público que por sí o por terceros incurra en las conductas previstas en la legislación laboral estatal.
