Redacción
Culiacán, Sinaloa.- Los diputados aprobaron reformas al Código Fiscal del Estado para actualizar algunas contribuciones, principalmente aquellas relacionadas con el cobro de derechos por control vehicular, aplicados al caso de vehículos todo terreno, como es el caso de reazers y cuatrimotos, que a partir de ahora tendrán que estar debidamente emplacados y contar con su respectiva tarjeta de circulación.
La diputada de Morena Alma Rosa Garzón promotora de la propuesta aclaró que la iniciativa que presentó el pasado 6 de junio de este año no es con el propósito recaudatorio, sino en la búsqueda de facilitar y disminuir los costos de regularización de este tipo de vehículos y financiar el Fondo Estatal Ambiental que se aprobó en la Ley Ambiental en el 2018.
Manifestó que se trata de una demanda local por la propia vocación turística del puerto pues estos vehículos tenían que estar en regla para efectos de proteger a los usuarios mediante seguros a los conductores si ocurrían siniestros o accidentes.
“Este tema me llegó a mí en la ciudad de Mazatlán, recuerden que represento al distrito XX, y ahí los turisteros y propietarios de RZR se quejaban de que el municipio a través de la autoridad de transito los obligaba a emplacar y sacar tarjetas de circulación, pero resulta que el gobierno de estado no realizaba este trámite, algo ilógico, los propietarios tenían que ir a otros estados a realizar el trámite, principalmente a Jalisco y Durango”.
Garzón Aguilar reiteró que su iniciativa contemplaba no solo la búsqueda de la regularización de los reazers y cuatrimotos, si no también que el destino de los recursos se fueran a la protección del medio ambiente.
La legisladora señaló que los recursos del Fondo Estatal Ambiental de acuerdo con el artículo 28 podrían ser destinados para La realización de acciones de preservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico; el manejo y la administración de las áreas naturales protegidas.
Así como para el desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere esta Ley; el pago de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas; el desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental, cambio climático y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.
Además se aplicará en medidas de adaptabilidad y mitigación ante el cambio climático; proyectos de reforestación en la sierra y la costa del Estado y la reparación de daños ambientales.