El impacto del fenómeno BTS en México ha trascendido el ámbito musical y se ha convertido en un tema de interés internacional. La movilización del fandom ARMY y la respuesta del gobierno mexicano ante la falta de transparencia en la venta de boletos para los conciertos de mayo de 2026 atrajeron la atención de medios extranjeros, incluida la televisión nacional de Corea del Sur.
Cadenas surcoreanas difundieron cápsulas informativas en las que destacaron la inconformidad de los fans mexicanos frente a las prácticas de Ticketmaster y OCESA, particularmente la decisión de revelar los precios únicamente al ingresar a la fila virtual de compra. Esta situación fue presentada como un detonante de presión social organizada y de debate público sobre los derechos de los consumidores.
La cobertura subrayó que la controversia escaló hasta las conferencias matutinas en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente la relevancia cultural del regreso de BTS y calificó el reclamo de ARMY como una expresión legítima de la juventud mexicana, un hecho poco común en la relación entre fandoms y autoridades.
Los noticieros en Corea del Sur también resaltaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que recibió más de 4 mil quejas y envió exhortos formales a Ticketmaster y OCESA para exigir la publicación anticipada de precios, mapas de asientos, condiciones de venta y aclaraciones sobre posibles tarifas dinámicas.
De acuerdo con la cobertura internacional, el caso mexicano se convirtió en tendencia global en redes sociales y fue presentado como un ejemplo de presión civil efectiva para exigir transparencia en espectáculos masivos, enfatizando el peso internacional que tiene BTS y su comunidad de seguidores.
Finalmente, los reportes establecieron un paralelismo con Corea del Sur, donde los conciertos de BTS también han generado controversias por prácticas comerciales abusivas, como el incremento desmedido en precios de hospedaje. La televisión surcoreana recordó que estos antecedentes han obligado a autoridades locales a implementar mecanismos de vigilancia y protección al consumidor, reforzando la idea de que el fenómeno BTS plantea desafíos globales más allá de la música.
