Aunque se estima que en Sinaloa existe un padrón de entre 3 mil y 5 mil asesores inmobiliarios que deberán certificarse y contar con credencial oficial, hasta el momento solo alrededor de 500 personas han realizado el trámite desde que el Gobierno de Sinaloa abrió este año el proceso de credencialización para quienes se dedican a esta actividad.
El diputado local Ismael Guerrero Alarcón, uno de los impulsores de la Ley Inmobiliaria en la entidad, explicó que aunque el llamado “coyotaje” aún persiste en el sector, este fenómeno se reducirá de manera gradual conforme se aplique el nuevo marco jurídico que regula la actividad de los asesores inmobiliarios.
El legislador señaló que el proceso avanza lentamente y tiene un costo de 3 mil 600 pesos por persona. Este documento permite acreditar oficialmente al asesor inmobiliario para ejercer su actividad durante un periodo de cuatro años, tras el cual deberá renovarse para continuar operando dentro de la legalidad.
Agregó que uno de los principales objetivos de la ley es erradicar prácticas irregulares que han derivado en fraudes o estafas contra ciudadanos que buscan adquirir una propiedad y recurren a intermediarios sin certificación ni respaldo legal.
“Se presenta el coyotaje y son víctimas de estafas, de vicios ocultos en las operaciones los mismos usuarios. Con la ley empezamos a quitar esos vicios y obviamente le das certeza a quien solicite los servicios de un asesor inmobiliario”, expresó el diputado.
Guerrero Alarcón indicó que no existe una fecha límite para concluir con el proceso de credencialización, aunque advirtió que quienes no cuenten con el documento oficial enfrentarán restricciones para realizar operaciones inmobiliarias.
Explicó que las notarías podrán suspender cualquier transacción en la que participe un asesor que no esté debidamente acreditado. Además, la ley contempla sanciones para quienes sean detectados realizando acciones fraudulentas dentro del sector.
El legislador subrayó que cada región del estado presenta características distintas en materia de desarrollo inmobiliario y destacó el crecimiento en Mazatlán, donde la inversión se orienta principalmente al turismo y a la construcción de torres habitacionales verticales.
Finalmente, señaló que conforme avance la aplicación de la ley y más asesores se integren al padrón oficial, se espera fortalecer la confianza de los compradores y ordenar el mercado inmobiliario en la entidad, brindando mayor seguridad jurídica tanto a inversionistas como a ciudadanos que buscan adquirir una vivienda en Sinaloa.
