A partir de abril de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá acceder a la información de plataformas digitales como Netflix, Amazon, Uber, Tinder y Mercado Libre, entre otras, con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. La medida forma parte de las reformas al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), aprobadas por la Cámara de Diputados, y ha sido bautizada por críticos como el inicio de un “Big Brother digital”.
El dictamen establece que los prestadores de servicios en línea deberán permitir al SAT acceso permanente, en tiempo real, a los registros relacionados con las operaciones digitales que realicen. Según el texto aprobado, el objetivo es mejorar la eficiencia recaudatoria y promover la equidad en el cobro de impuestos. No obstante, las autoridades fiscales aseguran que dicho acceso se limitará estrictamente a la información necesaria para comprobar el cumplimiento fiscal.
En caso de que las plataformas incumplan con esta disposición, podrían enfrentar el bloqueo temporal de sus servicios, lo que afectaría directamente a millones de usuarios. La reforma, incluida en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, será analizada por el Senado, aunque no se esperan modificaciones sustanciales. El SAT definirá las especificaciones técnicas que deberán seguir las empresas para garantizar el acceso a sus sistemas.
La medida ha generado inconformidad entre especialistas y usuarios. El creador de contenido tecnológico Francisco Chávez, conocido como Paco Web, advirtió que esta reforma marca un cambio drástico en la privacidad digital: “Ya no vamos a poder hacer nada tranquilamente, porque no vas a saber si por comprar algo en Amazon o ver una película en Netflix te van a revisar”. Además, alertó sobre el posible crecimiento del mercado negro digital, ya que muchos usuarios buscarían alternativas para evadir la vigilancia gubernamental.
Organizaciones defensoras de derechos digitales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), calificaron la reforma como una violación al derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Señalaron que el acceso permanente y sin orden judicial a la información de los usuarios es una medida desproporcionada, y que el bloqueo de plataformas podría compararse con el cierre de un medio de comunicación, una acción reservada para casos extremos como la difusión de material de abuso infantil o incitación al odio.
Asimismo, 15 asociaciones del sector digital, entre ellas la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), calificaron la medida como “innecesaria e inconstitucional”. En un comunicado conjunto, afirmaron que el acceso ilimitado a información sensible compromete la privacidad de los usuarios y socava la confianza en la economía digital mexicana.
Las agrupaciones advirtieron que el bloqueo administrativo de plataformas representa un mecanismo de censura y genera incertidumbre jurídica, afectando tanto a empresas como a consumidores. En conjunto, los críticos coinciden en que esta iniciativa, aunque justificada en términos fiscales, plantea riesgos graves para la privacidad, la libertad de expresión y el desarrollo del ecosistema digital en México.
